Dos días después de las elecciones estadounidenses, se ha asestado un golpe potencialmente fatal a una de las reformas migratorias más importantes del presidente Joe Biden. Un juez federal revocó el jueves una medida destinada a simplificar la obtención de estatus legal en Estados Unidos para los cónyuges de ciudadanos estadounidenses.
Este programa, llamado “Keeping Families Together”, es, según la decisión consultada por la AFP, contrario a las leyes estadounidenses que rigen la inmigración.
El juez federal de Texas J. Campbell Barker, nombrado por Donald Trump durante su primer mandato, ya había suspendido esta medida dos veces desde agosto en el marco de un procedimiento iniciado por los fiscales generales republicanos de 16 estados americanos que impugnaron esta política de la administración Biden.
La decisión del juez puede ser apelada, pero la elección de Donald Trump en las elecciones presidenciales del martes hace poco probable que el procedimiento tenga éxito. La lucha contra la inmigración fue el tema central de la campaña, con tintes cada vez más racistas y violentos contra los inmigrantes, del multimillonario republicano.
El coste de la medida denunciada
En junio, Joe Biden anunció una medida destinada a simplificar el acceso a la ciudadanía para alrededor de medio millón de inmigrantes casados con nacionales estadounidenses.
Los 16 estados que presentaron esta demanda estiman que esta política cuesta millones de dólares en servicios públicos -particularmente en salud, educación y aplicación de la ley- que, según dicen, utilizan los inmigrantes.
Estas nuevas medidas tenían como objetivo simplificar el procedimiento para las personas que ya cumplen con las condiciones requeridas para obtener la residencia permanente. Se trataba de personas que llevaban al menos diez años en el país y estaban casadas con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024, así como de unos 50.000 hijastros de ciudadanos estadounidenses.
Aquellos cuyas solicitudes fueron aprobadas recibieron permisos de trabajo y el derecho a permanecer en los Estados Unidos por hasta tres años mientras solicitaban una tarjeta de residencia permanente.
