Entre el 25 y el 29 de noviembre se celebró en Camboya un gran evento para la protección de civiles: la Conferencia Internacional de Revisión del Tratado de Prohibición de Minas Antipersonal. Mientras delegados de 99 estados y docenas de organizaciones de la sociedad civil se reunían en la hermosa ciudad de Siem Reap, Estados Unidos anunció su intención de transferir minas antipersonal a Ucrania.
La decisión tuvo el efecto de un rayo caído del cielo. Todos los actores presentes en la conferencia eran claramente conscientes de la gravedad de esta decisión estadounidense, que resultó en el uso potencial de minas antipersonal por parte de un Estado parte en el Tratado: Ucrania. Todos tenían la sensación de haber llegado a un punto de inflexión en el respeto a este Tratado, auténtico pilar del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que ha demostrado indiscutiblemente su eficacia en la protección de los civiles, al dividir por diez el número de víctimas de estas armas en 20 años.
Un aumento de víctimas de minas antipersonal
Unos días antes, el informe del Observatorio de Minas Antipersonal, que informaba sobre la implementación del Tratado, proporcionaba estas cifras escalofriantes: durante el año 2023, el número anual de víctimas de minas aumentó un 22%, incluyendo un 84% civiles, y un 37%. niños. En octubre pasado, Lituania decidió retirarse del Tratado de Oslo, que prohíbe las bombas de racimo, prohibidas porque se encuentran entre las más dañinas para los civiles.
Esta retirada es la primera y Finlandia, actualmente en medio de debates sobre la posibilidad de abandonar el Tratado de Ottawa, lamentablemente podría inspirarse en ella. Estados Unidos, una vez más, desde 2023 ya ha cruzado una línea roja al organizar la transferencia de municiones en racimo a Ucrania en varias ocasiones.
Hacia una erosión de los estándares
No podemos ignorar el hecho de que estas decisiones se producen en un contexto en el que Rusia, que no es parte en estos dos tratados, utiliza intensivamente bombas de racimo y minas antipersonal en Ucrania.
Si bien los conflictos armados aumentan (120 conflictos en el mundo en 2024 según el CICR, un récord), con demasiada frecuencia el imperativo de la seguridad nacional se erige como justificación de todas las violaciones. Asistimos a la tentación de olvidar lo que hasta ahora había sido un consenso: las consecuencias desastrosas y desproporcionadas de las minas antipersonal y las bombas de racimo sobre los civiles, ampliamente documentadas desde hace unos treinta años, con vastos territorios contaminados que se convierten en un peligro para las poblaciones, décadas después de los combates.
El derecho internacional humanitario (DIH), cuyos pilares fundamentales, heredados de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, han estructurado las relaciones entre los Estados durante 70 años, está hoy bajo ataque. El uso intensivo de armas explosivas contra zonas urbanas, los ataques contra hospitales y trabajadores humanitarios y los obstáculos a la ayuda humanitaria parecen estar convirtiéndose en una rutina macabra en Gaza, el Líbano, Ucrania e incluso Sudán. Estas prácticas están en flagrante contradicción con los principios del DIH, que exigen tomar todas las precauciones para proteger a los civiles durante los ataques.
Respeto al derecho internacional
Las decisiones que tomen nuestros representantes políticos son decisivas para el futuro del respeto de las normas del derecho internacional. Les instamos a condenar inequívocamente cualquier violación, por parte de cualquier actor, en todas las circunstancias, y a garantizar que los responsables sean castigados. Las normas que rigen los conflictos armados y los compromisos asumidos en los Tratados deben ser respetadas y promovidas por los Estados y las fuerzas armadas.
Puesto a prueba en el contexto actual, el DIH sigue siendo la palanca más eficaz que tenemos para preservar una parte de la humanidad, incluso en el centro de los conflictos. No debemos resignarnos a su debilitamiento. Las poblaciones civiles serían las primeras víctimas, al igual que las perspectivas de que las generaciones futuras vivan en un mundo pacífico.
Como organización humanitaria comprometida con las comunidades afectadas por la guerra, no tenemos más remedio que hacer todo lo posible para garantizar que estos estándares se preserven y respeten. Esto es lo que hicimos en Siem Reap. En el segundo día de la Conferencia, los Estados fueron recibidos por activistas de minas antipersonal alineados en una fila de protesta silenciosa, un momento notable que provocó muchas reacciones entre los delegados. Nuestro objetivo: un compromiso inequívoco por parte de los Estados Partes y el respeto incondicional a los principios del Tratado. El texto adoptado al final de la conferencia refleja el éxito de nuestra movilización. Hasta la próxima.
