El efecto disolución: esto será lo que pasará con los proyectos de ley que actualmente se examinan en la Asamblea Nacional

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Emmanuel Macron acaba de disolver la Asamblea, lo que supone el fin del mandato y, por tanto, de los poderes de los diputados.

©Stéphane de Sakutin / AFP

Crónicas parlamentarias

Este es particularmente el caso de la ley sobre el final de la vida.

Emmanuel Macron acaba de disolver la Asamblea, lo que supone el fin del mandato y, por tanto, de los poderes de los diputados. Todo el trabajo parlamentario en curso se detiene, ya sean comisiones de investigación o textos legislativos. Todas las leyes que actualmente se debaten en el Palacio Borbón quedan obsoletas y van a la basura. Se trata de la aplicación del principio de borrón y cuenta nueva al final de la legislatura.

Se trata de todos los proyectos de ley que están en espera en la mesa de la Asamblea o en discusión. Este es el caso de la factura al final de su vida útil. Si el gobierno que asumirá el poder tras las elecciones legislativas desea reactivar las negociaciones, tendrá que empezar todo desde el principio. Incluso si un texto se acerca al objetivo, con una lectura en cada cámara y una Comisión Mixta concluyente

Sin embargo, hay una manera de salvar los textos que se presentan en el Senado. Un proyecto de ley, aprobado por los diputados y pendiente o en trámite en el Senado, como el de Vivienda, no queda obsoleto. Su discusión puede continuar, si el nuevo gobierno así lo desea.

Si los proyectos de ley del Senado, adoptados por la asamblea superior, están pendientes en la Asamblea, caen, pero pueden ser eliminados. El Senado tiene la posibilidad de transmitirlos nuevamente, una vez que comience la 17ª legislatura. La reforma de la radiodifusión pública, que debía ser aprobada en sesión el 24 de junio, al ser un proyecto de ley de origen senatorial, podría ser presentada nuevamente por el Senado. Pero los diputados tendrán que retomar todo el trabajo en comisión, que se llevó a cabo durante la 16ª legislatura y quedó obsoleto.

Por supuesto, todo esto está sujeto a la buena voluntad del nuevo gobierno. Podrá decidir retirar los proyectos de ley que ya no quiera e incluir o no los demás textos en su período de gobierno, sin estar vinculado por las decisiones del gobierno anterior.

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