El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó, el miércoles 27 de noviembre, una orden de arresto contra el general Min Aung Hlaing. El máximo funcionario de la junta birmana está siendo procesado por actos de deportación y persecución -calificados como crímenes contra la humanidad- contra la minoría musulmana rohingya. El contenido de la solicitud es confidencial, pero los delitos denunciados por el fiscal supuestamente tuvieron lugar entre el 25 de agosto y el 31 de diciembre de 2017 y fueron cometidos por las fuerzas armadas birmanas, con la policía nacional, la policía de fronteras y civiles, detalla un comunicado de prensa de la fiscalía.
La orden de detención solicitada contra el general Min Aung Hlaing es el primer acto resultante de la investigación abierta en noviembre de 2019, dos años después de los crímenes. “Otros [mandats d’arrêt] seguirá “, explicó el fiscal Karim Khan en un vídeo publicado en Internet, el día después de una visita al campo de refugiados de Kutupalong, en Cox’s Bazar, en el sureste de Bangladesh.
“Conocí a mujeres rohingya que hablan con determinación de sus expectativas de justicia, dijo el fiscal. Conocí a jóvenes que querían contribuir a la búsqueda de esta justicia. Y he hablado con hombres de todas las edades, incluidos ancianos y enfermos, que coinciden en que es crucial dar mayor importancia a su difícil situación y garantizar que se establezcan responsabilidades al respecto. »
Voluntad de invisibilizar
El general Min Aung Hlaing, de 66 años, jefe de la junta militar birmana que tomó el poder en febrero de 2021 durante un golpe militar, siempre ha considerado que el propio término “rohingya” formaba parte del” imaginación “. Como muchos otros birmanos, considera que la minoría musulmana del oeste del país no es, en realidad, más que una etnia bengalí. Este deseo de invisibilidad y de no reconocimiento de la identidad de una población que, a lo largo de décadas, se ha autoapropiado del nombre Rohingya para designarse, explica en parte la violencia de las masacres desatadas en dos fases, la primera a finales de 2016, luego, en agosto de 2017: para los ultranacionalistas birmanos, para las poblaciones budistas de Arakan –la provincia donde vive la mayoría de Rohingya… y para los soldados birmanos, los rohingya no existen. Pero si estos musulmanes birmanos han sido los más afectados por la violencia estatal durante décadas, estos “operaciones de limpieza” no tienen precedentes desde que el país obtuvo su independencia en 1948.
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