Pero el juez Juan Merchán concluyó en su decisión que los actos en cuestión no tenían carácter oficial y por lo tanto no estaban amparados por la inmunidad presidencial. Añade que incluso si las pruebas incriminatorias se utilizaron incorrectamente, no pesaron “frente a las abrumadoras pruebas de culpabilidad” del acusado.
Donald Trump fue declarado culpable en este caso de “falsificación contable agravada para ocultar una conspiración para pervertir las elecciones de 2016”, pero su sentencia fue pospuesta varias veces.
La fiscalía ofreció “arreglos” a Trump
Tras su victoria en las elecciones del 5 de noviembre, sus abogados presentaron un nuevo recurso, invocando su condición de presidente electo, incompatible según ellos con el veredicto.
El juez Merchán buscó argumentos de ambas partes sobre este tema a principios de este mes pero aún no se ha pronunciado sobre esta apelación. La fiscalía se opone a una anulación total, pero dice que está dispuesta a hacer “arreglos” para que el proceso penal no “pese” sobre la segunda presidencia de Trump.
El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, propuso al juez no condenar a Donald Trump a una “pena de prisión” o que “el procedimiento se suspenda durante el mandato presidencial” de cuatro años, es decir, hasta enero de 2029.
Una situación sin precedentes
El caso se refiere a pagos ocultos de 130.000 dólares, antes de las elecciones presidenciales de 2016, a una actriz de cine pornográfico, Stormy Daniels, para que guardara silencio sobre un encuentro sexual diez años antes. Una relación que Donald Trump siempre ha negado.
De los cuatro procesos penales contra Donald Trump, este caso es el único en el que se ha llevado a cabo un juicio contra el candidato en las elecciones presidenciales que ganó, un escenario sin precedentes en la historia de Estados Unidos.
El fiscal especial Jack Smith recomendó y obtuvo a finales de noviembre el cese de los cargos federales en su contra por intentos ilegales de anular los resultados de las elecciones de 2020 y por retener documentos clasificados tras su salida de la Casa Blanca. Tras consultas, el Departamento de Justicia concluyó que su política desde el escándalo Watergate en 1973, consistente en no procesar a un presidente en ejercicio, “se aplica a esta situación sin precedentes”, explicó Jack Smith. Esta conclusión “no depende de la gravedad de los delitos perseguidos, de la solidez de los argumentos de la fiscalía ni de los méritos de la acusación”, aclaró.
En cuanto a Georgia (sureste), donde Donald Trump está acusado junto a otras catorce personas de actos similares de injerencia electoral en 2020, su abogado pidió a los tribunales de este estado que se declaren incompetentes para juzgar a quien “ahora es el presidente electo y pronto será el 47º presidente de los Estados Unidos.
