Varios miles de personas se manifestaron el sábado en Barcelona ante la convocatoria de asociaciones y colectivos de inquilinos para denunciar las dificultades de acceso a la vivienda y exigir una reducción general del nivel de los alquileres en la segunda ciudad de España.
Los manifestantes, apoyados por varios partidos de izquierda y por los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, se concentraron al final de la tarde en el centro de Barcelona detrás de una gran pancarta que pedía “vivienda digna para todos”.
“Hoy comienza un nuevo ciclo político en materia de vivienda”, aseguró a los periodistas Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres, principal organización impulsora de esta concentración. “No es posible que los inversores vengan a nuestras ciudades y jueguen con apartamentos como Monopoly”, continuó. “Hoy venimos a decir que se acabó”, especialmente a los “rentistas” que nos están robando la mitad de nuestros salarios”.
Por ello, los manifestantes exigen una reducción de los alquileres de alrededor del 50%, el establecimiento de contratos de alquiler indefinidos y la prohibición de las ventas especulativas de viviendas. De lo contrario, amenazan con una “huelga de alquileres”.
Esta manifestación se hace eco de la organizada el 13 de octubre en Madrid, que reunió al menos a 22.000 personas con consignas similares, en un contexto de fuerte tensión en todas las grandes ciudades españolas ante el aumento de los alquileres. Según el portal inmobiliario Idealista, el precio del metro cuadrado de alquiler ha aumentado un 82% en el país en los últimos diez años, una tasa cinco veces superior a la del salario medio, que ha aumentado un 17%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Esta situación empujó al Ejecutivo a aprobar una ley emblemática de vivienda a principios de 2023, que prevé un aumento de la construcción de viviendas sociales, control de los alquileres en zonas tensas y sanciones para los propietarios que dejen sus viviendas desocupadas. Pero este texto no ha permitido por el momento frenar el aumento de los alquileres, especialmente en las grandes ciudades, y algunas medidas de la ley han sido objeto de un enfrentamiento entre el Ejecutivo y las regiones que debían aplicarlas. más de 18 meses después de su adopción.
