Este juicio de larga duración comenzó en 2015 y ha sido interrumpido varias veces. La legislación actual, que data de 2006, tipifica como delito “adquirir, poseer o transportar drogas sin autorización”. Este delito está previsto en el Código Penal, pero ya no se castiga con pena privativa de libertad como ocurría en el texto anterior, que preveía una pena de seis meses a dos años de prisión.
Conservadores opositores
El texto de 2006 no estipula hasta qué cantidad de cannabis un individuo puede ser considerado un simple consumidor – castigado con penas alternativas, como los servicios de interés general – y no un traficante, que incurre en duras penas.
Esta valoración se deja a la policía, a la fiscalía o a los jueces de primera instancia, sin ningún criterio objetivo real.
Durante el juicio, en agosto de 2023, el juez Alexandre de Moraes denunció que “los jóvenes, especialmente los negros, son considerados traficantes si son detenidos en posesión de cantidades de droga mucho menores que los blancos mayores de 30 años”. Este tema sigue siendo muy controvertido en Brasil, donde los movimientos conservadores se oponen firmemente a cualquier despenalización.
El Senado aprobó en abril un texto para consagrar en la Constitución que la posesión de cualquier cantidad de drogas constituye un delito, incluido el cannabis. Esta enmienda deberá ser examinada próximamente por la Cámara de Diputados.
