Un estudiante marroquí que sufre trastornos excluidos, su familia presenta una denuncia

Un estudiante marroquí que sufre trastornos excluidos, su familia presenta una denuncia
Un estudiante marroquí que sufre trastornos excluidos, su familia presenta una denuncia
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Estudiante de CM2 en la escuela primaria pública de Port-Horel, un adolescente marroquí de 12 años fue excluido durante cinco días, del 10 al 14 de junio de 2024, por decisión del director de 28 de mayo de 2024. Su madre deplora esta decisión y interpuso un recurso ante el tribunal administrativo de Rennes el 5 de junio en el marco de una orden sumaria de libertad, un procedimiento de extrema urgencia destinado a sancionar ataques “graves” y “manifiestamente ilegales” a las libertades fundamentales consagradas en la Constitución (libertad de expresión, libertad de reunión, etc.), informes franciainfo. En su recurso, explica que “el director está vulnerando grave y manifiestamente ilegalmente el derecho a la igualdad de acceso a la educación. […] La suspensión se produce en el momento del viaje escolar de fin de año y la negativa a permitir que un niño participe en el viaje. […] constituye discriminación basada en su discapacidad. » Según explica su madre, este adolescente marroquí que llegó a Francia en diciembre de 2022 sufre un trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) “asociado a un ligero déficit intelectual”. Según ella, esta prohibición del viaje de fin de curso perjudicaría “el ya frágil estado psicológico” de su hijo, que “ya había sufrido numerosos traumas antes de llegar a Francia”. Y es de lamentar: su hijo, sobre todo, “necesita un apoyo adecuado” y la aplicación del protocolo PHARe -un programa para luchar contra el acoso escolar- “cuestiona la correcta comprensión de los hechos y la veracidad de las declaraciones recogidas”.

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La madre del adolescente marroquí repetía una y otra vez que la “intencionalidad de su comportamiento […] no se puede retener. “El equipo docente ha agrupado problemas de conducta y conductas disruptivas”, apunta, argumentando que su hijo está “en una edad decisiva en la adquisición de conocimientos y en el aprendizaje de la convivencia”. En su recurso, intentó obligar a la escuela primaria pública de Plérin a acoger nuevamente a su hijo, con una multa de 200 euros por día de retraso, y ello “hasta el final de sus estudios” previsto para el 5 de julio de 2024. El 6 de junio de 2024, que acaba de hacerse público, el juez sumario del tribunal administrativo de Rennes despidió a la madre del pequeño marroquí. Si admite que “la privación de un niño de toda posibilidad de beneficiarse de la escolarización […] puede constituir un ataque grave y manifiestamente ilegal a una libertad fundamental”, señala sin embargo que “la decisión […] fue tomada tras la observación de hechos repetidos que involucraban [l’enfant] durante los últimos meses. “Así, tras el informe de una familia, el protocolo pHARe […] fue implementado dentro de la clase […] a finales de enero se mostró agresivo tanto física como verbalmente con los demás niños”.

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El magistrado añade: “Los distintos participantes […] señaló que tenía dificultades para gestionar sus emociones cuando estaba molesto, que aún no había adquirido todos los códigos sociales, aún no había aceptado o integrado realmente las reglas de la vida colectiva, lo que a veces lo llevaba a comportamientos inadecuados con sus compañeros, llegando incluso a como gestos inapropiados. “También se implementaron varias medidas en los meses previos a la decisión. […] para tratar de detener las acciones de [l’enfant]medidas que no permitieron cambiar favorablemente su comportamiento. […] En estas condiciones, una exclusión limitada a cinco días no pone en entredicho el normal desarrollo de los estudios. [de l’enfant] para el año en curso y no puede considerarse una violación manifiestamente ilegal del derecho a la educación”, decide.

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En cuanto a la indemnización reclamada (500 euros) por la demandante por su “daño psicológico”, el magistrado declaró que “no corresponde” a un juez pronunciarse sobre “conclusiones indemnizatorias”. Habrá que esperar entre dieciocho meses y dos años para que el tribunal se pronuncie sobre la legalidad de esta decisión del director de la escuela de Port-Horel, a través de un tribunal de tres jueces. En caso de que esta decisión se considere ilegal, “la madre del niño tendría derecho a solicitar una indemnización. »

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