En Bélgica, el hermano del rey lucha contra el Estado por tener cobertura de seguridad social

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El príncipe Laurent de Sajonia-Coburgo después de la misa del Te Deum, con motivo del Día del Rey, en la catedral de Saints-Michel-et-Gudula en Bruselas, el 15 de noviembre de 2024. BENOIT DOPPAGNE / AFP

Un príncipe, Lorenzo de Sajonia-Coburgo, en conflicto con el Estado belga mientras su hermano, el rey Felipe, es su líder: el caso que deberán decidir los magistrados del tribunal laboral de Bruselas no es baladí. A sus 61 años, el príncipe denuncia que a él y a su familia se les niega la cobertura de la seguridad social. Afirmando que sería un trabajador como cualquier otro, pretende obtener el reembolso de sus cuidados y una pensión de jubilación. El lunes 25 de noviembre, el tribunal celebró una primera audiencia y anunció que se daría tiempo para pensar: el turbulento hijo de la dinastía belga no sabrá hasta abril de 2025 si ganará su caso.

“Quería trabajar, pero me lo impidieron”declarado en 2023 hijo menor del ex rey Alberto II (1993-2013), apuntando entonces al jefe de gabinete de este último. Hoy, dice M.mi Olivier Rijckaert, Laurent, sin embargo, ejerce una actividad independiente sujetándose a todas las obligaciones que exige su estatus real. “ En un año, 93 visitas, misiones, juntas directivas, eso es impresionante. Y el príncipe también tiene un campamento de ayudantes y una oficina en palacio”.argumentó el abogado.

A cambio de lo que considera una profesión como cualquier otra, Laurent, ahora sólo decimocuarto en el orden de sucesión al trono, recibe una “dotación” anual de 388.000 euros. Este dinero público consiste en una especie de salario sujeto a impuestos –110.000 euros brutos–, el resto cubre “costos operativos y de personal” para justificar. El padre del príncipe, el ex rey Alberto II, de 90 años, recibe una dotación anual de 923.000 euros.

“Un pequeño empresario”

Ya que paga impuestos y se considera “un pequeño empresario” al servicio de su familia, el príncipe exige los derechos sociales garantizados a sus conciudadanos. Los abogados del Estado belga, por su parte, sostienen que el importe de su subvención debería permitirle contratar un seguro privado, mientras que Mmi Rijckaert defiende el derecho de su cliente a inscribirse en una caja de seguridad social, como pueden hacerlo todos los trabajadores autónomos. El problema para el hermano del rey: aunque paga impuestos, no cotiza a la seguridad social, lo que teóricamente le priva de los derechos correspondientes.

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Evidentemente, quienes definieron las reglas de la investidura real no previeron que uno de sus beneficiarios pudiera algún día reclamar un estatus, ya fuera independiente, empleado o funcionario. Exigiendo, durante una aparición pública el 15 de noviembre, “respeto a un derecho elemental”, El príncipe Laurent dijo: “ No lo hago por una cuestión de medios económicos, sino de respeto. Cuando un migrante viene aquí, se registra y tiene derechos. Quizás también soy un inmigrante, pero cuya familia creó el Estado belga. »

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