La CPI se creó en 2002 y tiene la tarea de procesar a personas por crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
Si bien la CPI es independiente de la ONU, cuenta con el respaldo de la Asamblea General de la ONU y mantiene un acuerdo de cooperación con la ONU. Cuando un caso no está dentro de la jurisdicción de la CPI, el Consejo de Seguridad de la ONU puede remitir ese caso a la CPI.
La corte puede investigar presuntos crímenes cometidos en el territorio, o por un nacional, de cualquier estado que haya aceptado la jurisdicción de la corte al firmar el Estatuto de Roma, el tratado que estableció la CPI. Cualquier Estado miembro puede pedir al fiscal de la CPI que inicie una investigación.
Faltan poderes clave: Más de 120 países son signatarios del Estatuto de Roma, pero Israel no, ni algunas potencias importantes, entre ellas Estados Unidos, Rusia, China e India. Si bien la CPI no puede hacer cumplir las detenciones, los Estados signatarios están obligados a detener a quienes enfrentan órdenes judiciales.
A la luz de la decisión de la CPI del jueves, todos los países miembros están obligados a arrestar al Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu y al ex Ministro de Defensa Yoav Gallant si ponen un pie en su territorio.
La CPI ha emitido anteriormente órdenes de arresto contra el ex presidente sudanés Omar al-Bashir, Saif Gadhafi, hijo del fallecido líder libio Moammar Gadhafi y, más recientemente, el presidente ruso Vladimir Putin.
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