DDesde que las requisas de la fiscalía llegaron el miércoles 13 de noviembre en el tribunal de París, Marine Le Pen lidera una intensa campaña de comunicación para intentar desacreditar el sistema de justicia y transformar el proceso de los asistentes de los eurodiputados del Frente Nacional, ahora Rally Nacional. – en un juicio político cuyo único objetivo sería excluirla de la vida política haciéndola inelegible. Se le ordenaron cinco años de prisión, tres de los cuales en suspensión de pena, una multa de 300.000 euros y cinco años de inhabilitación, con ejecución provisional. “Una sentencia de muerte política”dijo, el viernes 15 de noviembre.
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Para quienes buscan establecerse desde 2022, esta ofensiva es ante todo una espectacular admisión de debilidad. Los 27 acusados en este caso se mostraron impotentes, durante el juicio, para cuestionar la existencia de una malversación sistémica y masiva de fondos públicos organizada por Jean-Marie Le Pen y luego por su hija, entre 2004 y 2016, para poner a los asistentes de los eurodiputados en servicio casi exclusivamente el partido y sus dirigentes.
Sin embargo, desde la ley Sapin 2 del 9 de diciembre de 2016, la pena de inelegibilidad es obligatoria para este tipo de infracción. Los responsables de la RN, que siguen denunciando la laxitud judicial, que exigen la multiplicación de las penas mínimas o incluso la ejecución inmediata de las penas, no hacen especialmente bien en cuestionar el rigor de la ley en lo que a ellos respecta, a menos que consideren que hay Hay dos tipos de justicia, una para los débiles y otra para los fuertes.
Es apoyándose en su capital político, en los millones de votos que representa pero también en el peso adquirido por el RN en la Asamblea Nacional, que Marine Le Pen pretende, entre las requisas y la sentencia de primera instancia, influir en el curso de la situación. justicia. La decisión del tribunal penal se espera para principios de 2025, a él le corresponde seguir o no las solicitudes de la fiscalía. La cuestión clave es la de la ejecución provisional de la inelegibilidad, que, de confirmarse, impediría a Marine Le Pen competir en las elecciones presidenciales de 2027, sin esperar el resultado de los recursos que podría interponer.
Peligro de error
Cualquiera que sea la decisión que tome, el tribunal ya está atrapado en el revuelo político previamente organizado: si es más indulgente que las requisiciones, Marine Le Pen se alegrará de haber ganado la ronda. Ya sea que las confirme o las endurezca, al contrario será acusado de haber privado al “pueblo francés” de su libertad de expresión.
La ofensiva es tanto más perniciosa cuanto que tiene lugar en un clima de creciente protesta contra el Estado de derecho, alimentada por la extrema derecha y, más recientemente, por parte de la derecha. La soberanía popular compite cada vez más con el poder judicial, que se supone la obstaculiza.
Con gran imprudencia, el ex Ministro del Interior Gérald Darmanin tuvo a bien declarar que “Sería profundamente impactante si Marine Le Pen fuera considerada no elegible y por tanto no puede presentarse ante el sufragio de los franceses ». Decir esto es malinterpretar el peligro, negarse a ver que quienes, por oposición, socavan el tercer poder son los mismos que, una vez en el poder, hacen todo lo posible para subyugarlo. La evolución de las llamadas democracias iliberales, así como lo que está surgiendo en Estados Unidos, son sólo la escalofriante demostración de ello.
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