“Yo era rico, el oro me arruinó. » ¿Y si esta cita de la novela L’Or (1925), de Blaise Cendrars, ¿podría impulsar modestamente la lucha contra el tráfico de drogas, que es una de las principales lacras sociales y criminales a las que nos enfrentamos? En primavera, el Senado, que propuso un nuevo plan global de lucha contra el narcotráfico, estimó el volumen de negocios de este sector entre 3.500 y 6.000 millones de euros en 2023. El ajuste de cuentas del otoño en Rennes, Marsella, Grenoble o incluso en las ciudades Las ciudades conocidas por ser más tranquilas, como Poitiers, han puesto de relieve los problemas criminales y mortales de esta actividad.
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Durante mucho tiempo, los traficantes han logrado resolver las tres principales dificultades de los sistemas económicos y comerciales: asegurar la producción, asegurar una red de distribución y garantizar a los clientes. Aunque la ley y las autoridades públicas han hecho importantes esfuerzos para combatir el tráfico, los traficantes de drogas, los intermediarios y los consumidores han puesto en marcha, cada uno a su nivel, potentes contraataques destinados a dejar la menor huella posible de este tráfico: el cannabis local. cultivo, multimodalidad de modos de transporte, uso de plataformas de Internet y sistemas de comunicación seguros.
Aunque en cada etapa se utilizan tecnologías de vanguardia, lo cierto es que la transacción final casi siempre se realiza mediante un intercambio de efectivo para limitar los rastros y, por tanto, las pruebas. Los traficantes disponen de grandes sumas de dinero en efectivo que, al menos al principio, constituyen una verdadera dificultad de gestión: durante las investigaciones, no es raro descubrir dinero en efectivo de varias decenas, o incluso varios cientos de miles de euros, en manos de personas sospechosas de trata.
Investigaciones largas y aleatorias
Existen numerosos y diversos canales para blanquear este dinero: la compra de criptomonedas o el uso de empresas fantasma y paraísos fiscales, por ejemplo. Por tanto, el legislador, los investigadores y los magistrados atacan total o parcialmente los bienes mal habidos de los traficantes. Sin embargo, según la legislación, poseer una gran suma de dinero en efectivo no es un delito penal: corresponde a los tribunales demostrar que esta suma proviene del tráfico de drogas o está relacionada con él. Los traficantes no dudan en afirmar que se trata de ahorros familiares, recursos obtenidos del trabajo no declarado o resultados exitosos del juego, afirmaciones todas ellas en gran medida imposibles de verificar.
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