El presidente del consejo provincial de Benslimane, Abdelfettah Zerdi, fue condenado a dos años de prisión por la sala de lo penal del Tribunal de Apelación de Casablanca. Fue condenado por malversación de fondos públicos, abuso de poder y falsificación de documentos, en un caso que se remonta a 2014.
La sala de lo penal del Tribunal de Apelación de Casablanca emitió el jueves pasado veredicto condenando a Abdelfettah Zerdi, actual presidente del consejo provincial de Benslimane, a dos años de prisión. Esta sentencia surge luego de un caso complejo que involucra a varios funcionarios locales y actos de corrupción.
Abdelfettah Zerdi, ex presidente del municipio de Fdalat, fue declarado culpable de malversación de fondos públicos, abuso de poder y falsificación de documentos oficiales. Este asunto se remonta a 2014, cuando el consejo municipal de Fdalat confió la organización de su festival anual, dedicado al arte de la tbourida, a una asociación local. Para ello, se había asignado un presupuesto sustancial al evento. Sin embargo, rápidamente surgieron sospechas de mala gestión.
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Las investigaciones revelaron una serie de irregularidades, entre ellas la presunta malversación de 100.000 dirhams. El presidente de la asociación organizadora afirmó haber entregado esta suma en efectivo directamente a Abdelfettah Zerdi, acusación que este último negó enérgicamente. Durante su audiencia, Zerdi sostuvo que todas las transacciones financieras relacionadas con el evento se realizaron respetando la legislación vigente y acompañadas de los documentos necesarios.
El tribunal también condenó a otras personas en relación con este caso. Un técnico y un ex director de servicios municipales recibieron una pena de un año de prisión. Además, otros ocho acusados, entre ellos empleados municipales y contratistas, fueron condenados a una pena similar de un año de prisión. Algunos acusados recibieron sentencias suspendidas, mientras que otros dos fueron absueltos. Este juicio marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción local y pone de relieve prácticas de gestión cuestionables en la organización de proyectos públicos.
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