El tailandés procesado por el asesinato de un ex diputado opositor camboyano en Bangkok afirmó haber cometido el crimen para cumplir una obligación hacia una persona, informó la policía a la AFP el domingo.
Ekkalak Paenoi, presentado por los medios tailandeses como un ex soldado, confesó el crimen del opositor camboyano, que también ostentaba la nacionalidad francesa, en un vídeo difundido en directo el sábado, tras ser acusado de asesinato premeditado y posesión de armas de fuego sin autorización.
“El pistolero dijo que aceptó la oferta de agradecer a alguien que lo ayudó durante un momento difícil después de haber sido dado de baja de la marina”, dijo Attaporn Wongsiripreeda, un alto funcionario de la policía de Bangkok.
Algunos medios tailandeses informaron que recibió 60.000 baht (1.700 dólares), pero Attaporn dijo a una estación de televisión local que el sospechoso afirmó que no le habían pagado.
Lim Kimya, ex legislador del ahora disuelto Partido de Rescate Nacional de Camboya (CNRP), fue asesinado a tiros por un motociclista el martes cuando llegaba en autobús a Bangkok desde Camboya con su esposa francesa.
Figuras de la oposición camboyana acusaron a Hun Sen, el poderoso ex líder del país, de patrocinar el acto, pero un portavoz del gobierno negó cualquier participación oficial.
El presunto asesino fue arrestado en Camboya el miércoles, antes de ser extraditado a Tailandia el sábado.
Según un funcionario de policía, también se emitió una orden de arresto contra un cómplice camboyano.
Muchos activistas de la oposición camboyana han huido a Tailandia en los últimos años para escapar de la represión que supuestamente enfrentan en su país. Algunos fueron arrestados y deportados a su país.
Hun Sen gobernó Camboya con mano de hierro durante casi cuatro décadas, y grupos de derechos humanos lo acusaron de utilizar el sistema judicial para aplastar la oposición a su gobierno.
Renunció y entregó el poder a su hijo Hun Manet en 2023, pero todavía se le considera muy poderoso en el reino. El martes, Hun Sen pidió la adopción de una nueva ley que califica de “terroristas” a quienes intenten derrocar al gobierno de Hun Manet.