Durante su primer mandato, el tribuno intentó en particular anular la excepción federal que permite al “Estado Dorado” imponer sus propias normas de contaminación, más estrictas que en el resto de Estados Unidos.
Su amplia reelección esta semana, con un programa de expulsiones masivas de inmigrantes ilegales, augura nuevos enfrentamientos. Muchas asociaciones temen, por ejemplo, que el nuevo presidente intente atacar la píldora abortiva.
“Nuestra lucha por la libertad y las oportunidades continúa”, respondió el miércoles el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, al día siguiente de los resultados. “Tenemos la intención de estar junto a los estados de todo el país para defender nuestra Constitución y defender el Estado de derecho”, advirtió, elogiando el “federalismo” estadounidense, que deja un margen importante para que los 50 estados del país se administren a sí mismos. El fiscal general de California, Rob Bonta, explicó que se estaba preparando para impugnar ante los tribunales las medidas de una futura administración Trump, siempre que sea necesario. “No importa lo que la administración entrante tenga reservado […]seguiremos controlando los excesos y haciendo frente a los abusos de poder”, insistió.
Los funcionarios de otros estados demócratas, incluidos Nueva York, Illinois, Oregón y Washington, también han anunciado su voluntad de resistir. “Si intentas dañar a los neoyorquinos o revertir sus derechos, lucharé contigo en cada paso del camino”, prometió, por ejemplo, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul.
Ya están en marcha conversaciones para coordinar la batalla anti-Trump en los tribunales. Los estados pueden pedir a los jueces federales que congelen las políticas de la administración en el poder cuando puedan violar la Constitución. Una prerrogativa muy utilizada durante la primera presidencia de Trump, que frustró los esfuerzos del multimillonario por deshacerse de determinadas políticas migratorias o sanitarias aprobadas durante el gobierno de Barack Obama. Sólo California ha iniciado más de 100 procedimientos legales contra las políticas de Donald Trump durante su último mandato. Estas tácticas dilatorias han sido adoptadas por muchos estados republicanos bajo el gobierno de Joe Biden.
“Estos procedimientos avanzan a la velocidad de un caracol”, recuerda a la AFP Kevin Johnson, profesor de Derecho en la Universidad de California en Davis. “Algunos casos pasan por los tribunales inferiores y, cuando llegan a la Corte Suprema, hay un nuevo presidente”.
Ante este motín que se está reconstituyendo, Donald Trump expresó su enojo el viernes, calificando de “escoria” a Gavin Newsom, su enemigo jurado al frente del Estado más poblado del país. El demócrata está “tratando de MATAR a la hermosa California”, lanzó en su red Truth Social, denunciando su deseo de “detener todas las GRANDES cosas que se pueden hacer para que California vuelva a ser grande”.
La inmigración volverá a estar en el centro de la batalla entre los estados demócratas y la Casa Blanca. Durante el último mandato de Trump, California fue el primero en declararse un “estado santuario”, donde las autoridades locales tienen prohibido colaborar con la policía federal para identificar a inmigrantes indocumentados.
El tribuno republicano podría ejercer presión sobre los estados inquietos suspendiendo su financiación federal. Con más experiencia, esta vez también evoca medidas más radicales, como expulsiones aceleradas sin pasar por los tribunales o la intervención del ejército en la frontera con México. Acciones que no tendrían precedentes y probablemente enfrentarían desafíos legales.
El coste de estas batallas promete pesar sobre los presupuestos de los Estados implicados. Pero California, cuna de la tecnología y las energías renovables estadounidenses, sigue siendo una potencia económica del país. Sin embargo, la resistencia podría ser menos fácil, observa Julian Zelizer, profesor de historia política en la Universidad de Princeton. Porque esta vez Donald Trump fue elegido con una ventaja bastante clara e incluso mejoró su puntuación en muchos estados demócratas. “Políticamente podría ser un poco más difícil (…) empezar de nuevo”, cree.