Se trata de documentos esenciales para que Francia acelere la transición energética y la lucha contra el cambio climático, lo que tendrá consecuencias concretas en la vida cotidiana de los franceses, en términos de transporte, vivienda o alimentación. El gobierno sometió a consulta pública, el lunes 4 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, las dos herramientas para orientar la política climática y energética del país: el 3mi estrategia nacional baja en carbono (SNBC) y los 3mi programación energética plurianual (PPE). El primero se refiere a 2030, el segundo a 2035, y ambos apuntan a lograr la neutralidad de carbono para 2050.
Estas hojas de ruta muestran grandes ambiciones, pero persisten dudas sobre la capacidad de Francia para cumplirlas. Su presentación llega con más de un año de retraso debido a numerosos aplazamientos y a la disolución de la Asamblea Nacional en junio. En los últimos meses, el Alto Consejo para el Clima ha advertido repetidamente contra “Riesgo de disminución de la ambición de la política climática” falta de adopción de estos textos, que ya habían sido objeto de consultas.
“Ve más rápido y más lejos” : la SNBC traza el camino hacia una reducción de las emisiones brutas de gases de efecto invernadero no ya del 40% sino del 50% entre 1990 y 2030, consecuencia de la nueva ambición climática europea. Por lo tanto, las emisiones de carbono deben reducirse en aproximadamente un 5% anual entre 2022 y 2030, en comparación con una reducción anual promedio del 2% entre 2017 y 2022.
“Plan de batalla”
A pesar de los buenos resultados para 2023 (- 5,8%), la marcha sigue siendo alta: Francia debe pasar de 373 millones de toneladas de CO equivalente2 (MtéqCO2), excluidas las importaciones, en 2023 a 270 MteqCO2 en 2030. “En los últimos seis meses, el descenso se ha ralentizado un poco, lo que puede deberse a las condiciones meteorológicas, pero demuestra la necesidad de acelerar aún más”reconoció Agnès Pannier-Runacher, ministra de transición ecológica, que lanzó la consulta pública junto con François Durovray y Olga Givernet, viceministros responsables de Transportes y Energía, respectivamente.
Para lograrlo, el gobierno detalla sus “plan de batalla” sector por sector. En el transporte, el más contaminante (un tercio de las emisiones), el Gobierno quiere reducir las emisiones un 31% entre 2022 y 2030, un esfuerzo colosal ya que hasta ahora están estancadas. Cuenta con numerosas palancas de aquí al final de la década, incluida la progresión de los vehículos eléctricos (que alcanzarán dos tercios de las ventas de vehículos nuevos), las estaciones de carga (400.000 públicas, frente a las 130.000 actuales) y un fuerte aumento de transporte público (+25%). Pero también una duplicación del transporte de mercancías por ferrocarril y de la red de carriles bici (hasta alcanzar los 100.000 kilómetros), un control de la demanda gracias al teletrabajo o incluso un aumento progresivo del precio del carbono para el transporte aéreo.
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