De acuerdo a El observadorse ha anunciado el veredicto en el asunto Batiplus, que fue noticia en 2020. El Tribunal Penal condenó a Rachelle Sleylati, André Sleylati y Robih Kfouri a tres años de prisión por diversos delitos, entre ellos abuso de confianza, falsificación y uso de falsificación en escritos comerciales privados y blanqueo de dinero. Además, tendrán que pagar conjuntamente 3.000 millones de francos CFA en concepto de daños y perjuicios a la empresa Batiplus, propiedad de la familia Farès.
En marzo de 2020, Rachelle Sleylati, ex cajera y contable de Batiplus, fue arrestada y puesta bajo arresto tras una denuncia presentada por Christian Chabel Samra, entonces director general de la empresa. Este último le acusó de haber malversado más de 2.800 millones de francos CFA. La investigación realizada por el servicio de investigación de la gendarmería de Colobane puso de relieve un estilo de vida sospechoso, caracterizado por la adquisición de bienes muebles, inversiones inmobiliarias y la creación de empresas.
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Según información transmitida por El observadorestos elementos habían llevado al difunto magistrado Samba Sall, entonces juez de instrucción del primer gabinete, a confiscar los bienes y las acciones de las personas implicadas. De este modo, dos edificios de la familia Sleylati quedaron bajo hipoteca protectora: un terreno de 309 m² situado en Ngor Almadies y otro terreno construido de 281 m² en Point E, perteneciente a la madre de Rachelle Sleylati.
Rachelle Sleylati fue declarada culpable de abuso de confianza, falsificación y uso de falsificación en escritos comerciales privados, así como de blanqueo de dinero. André Sleylati y Robih Kfouri fueron condenados por blanqueo de capitales. Cada uno de ellos deberá cumplir una pena de prisión de tres años y pagar colectivamente la suma de 3.000 millones de francos CFA en compensación por los daños sufridos por Batiplus.
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El observador Recuerda que en este caso también se dirigió Christian Chabel Samra, autor de la denuncia, así como otros familiares de Rachelle Sleylati. Se había abierto una investigación judicial por asociación delictuosa, falsificación y uso de falsificación, abuso de confianza, blanqueo de dinero y complicidad. La delegación judicial también permitió que se embargaran las cuentas bancarias de los imputados para asegurar los fondos malversados.
Este resultado pone fin a un escándalo que habrá marcado al mundo empresarial en Senegal. Sin embargo, las consecuencias jurídicas y económicas de este asunto seguirán pesando sobre los protagonistas y sus familias.
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