“El 16 de octubre de 2020 a las 16.54, en la persona de Samuel Paty, el terrorismo islamista llegó a la escuela, corazón palpitante de la República. Samuel Paty no fue un símbolo, no fue mártir de ninguna causa. No había elegido morir en defensa de ningún principio. Pero, a través de él, se ha logrado mucho de lo que somos como sociedad. Esta República de maestros y profesores, de la que todos los ciudadanos son herederos y de la que Samuel Paty fue encarnación, comienza con la libertad de expresión que no es nada sin la educación que se ofrece a todos…”
Con estas palabras unificadoras se abrió, el lunes 16 de diciembre, la acusación presentada por los dos representantes de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT), Marine Valentin y Nicolas Braconnay, contra los ocho acusados por el asesinato de la historia. y el profesor de geografía Samuel Paty, decapitado a pocos metros de su colegio de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) por un yihadista checheno de 18 años, Abdoullakh Anzorov.
Si este ataque “fracturó nuestra sociedad”Como saben ambos magistrados, las expectativas de la opinión pública, y más aún las de las partes civiles, chocan en ocasiones con la realidad jurídica de un caso. “Es posible que lo que vamos a decir no se corresponda del todo con sus expectativas”advirtieron. De hecho, a la luz de las seis semanas de debates transcurridos desde la apertura del proceso, el fiscal solicitó que se reclasificaran a la baja los cargos contra la mitad de los acusados.
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