Regular más estrictamente el tráfico de drogas: la idea no convence al Consejo Federal (CF). Este último se pronunció el miércoles contra un postulado al respecto, presentado a finales de septiembre por el consejero nacional de Vaud, Jacques Nicolet. En su texto, el representante electo de la UDC pidió al gobierno que elabore un informe “sobre los problemas jurídicos que obstaculizan la lucha contra el narcotráfico”, así como que proponga las soluciones correspondientes.
Si el agricultor profesional quería una reacción federal es porque, según él, “los comerciantes no temen a las autoridades, ninguna medida puede disuadirlos”. Quería como prueba los “asuntos y escándalos” que se habrían multiplicado este verano. (ver cuadro). Y trató, en su postulado, de proponer ideas propias para adaptaciones jurídicas. En el menú, en particular: un refuerzo de las medidas preventivas, un agravamiento de las penas contra los vigías y mataderos, o incluso la detención de los comerciantes contra los que se ha pronunciado una expulsión.
Pero, para la CF, tales cambios no serían útiles. “Las disposiciones penales pertinentes de la ley vigente sobre estupefacientes constituyen ya un instrumento jurídico suficiente para luchar contra el tráfico callejero”, argumentó en su respuesta, precisando de paso que la gestión de los traficantes era principalmente responsabilidad de la jurisdicción de los cantones. Los Siete Sabios afirmaron además que “no está establecido que sanciones más severas por sí solas tengan un efecto disuasorio”. En cuanto a la idea de encerrar a los traficantes de drogas en espera de su deportación, el gobierno es categórico: tal medida sería contraria a la Constitución y al derecho internacional.
El Parlamento tendrá la última palabra.
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