Badr Tadlaoui
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10.49 h – 21 de noviembre de 2024
Las estafas de los empresarios en el contexto de la reconstrucción posterior al terremoto de 2023 están agravando el sufrimiento de las poblaciones afectadas, según supo Barlamane.com de fuentes in situ. “Algunos actores del sector de la construcción, aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas de catástrofes, habrían abusado de su posición para malversar fondos, realizar trabajos de mala calidad o abandonar las obras”se indicó. Estas prácticas, reveladas por denuncias crecientes y testimonios conmovedores, ponen en duda la eficacia de los mecanismos de control, la transparencia de la contratación pública y las responsabilidades de los actores involucrados en esta materia.
Se dice que los contratistas abandonaron las obras de construcción después del terremoto en la región de Marrakech después de recibir pagos por adelantado, dejando a las víctimas sin recursos, según supo Barlamane.com por medio de observadores sobre el terreno. Algunas obras, estimadas en el 40% de las obras iniciadas en las zonas rurales, se realizaron con materiales deficientes que amenazan directamente la seguridad de los residentes, según los especialistas in situ.
Estas prácticas fraudulentas “Resultó en pérdidas económicas considerables para las familias afectadas, el 60% de las cuales había movilizado todos sus ahorros para financiar la obra”según testigos confiados a Barlamane.com, que deploran “laxitud en el control del proyecto”. El caso específico de los comerciantes de la región de Talat N’Yaaqoub ilustra bien esta situación: casi el 60% de los locales comerciales destruidos aún no han sido sustituidos por estructuras adecuadas. La ausencia de estas instalaciones compromete no sólo la supervivencia económica de los residentes sino también la recuperación comercial de una región gravemente afectada.
La población consultada exige que “La inspección de las obras debe ser sistemática y confiarse a organismos independientes con competencias técnicas certificadas”añadiendo que “Los proyectos de reconstrucción requieren una auditoría urgente”. Según la misma fuente, “los contratistas deben estar sujetos a obligaciones de desempeño con el establecimiento de restricciones financieras para garantizar la finalización y calidad de la obra”.
También piden una investigación oficial que “debe estar abierto a identificar y procesar casos de fraude, con sanciones significativas para los responsables”. Hasta la fecha, menos denuncias presentadas por las víctimas han dado lugar a pocos procedimientos judiciales. Según un actor económico de la región, “El coste estimado de las pérdidas relacionadas con el fraude en las zonas de catástrofe podría alcanzar el 15% del presupuesto asignado a la reconstrucción, es decir, unos 500 millones de dírhams”. Destaca la importancia “Acción concertada entre actores públicos y privados y la sociedad civil para restablecer la confianza y garantizar una reconstrucción equitativa y sostenible”.
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