ATras el curioso anuncio de la detención del fundador de la red social Telegram, Pavel Durov, y de su puesta bajo custodia policial durante cinco días, el fiscal de París anunció el miércoles 28 de agosto que este último había sido inculpado y puesto bajo estricta supervisión judicial, prohibiéndole salir del territorio nacional.
Resulta curioso comprobar que el fundador de una plataforma de comunicación utilizada por casi mil millones de personas en todo el mundo, y especialmente apreciada por los defensores de las libertades en el mundo de habla rusa, de donde proviene el señor Durov, se vio así limitado. En Francia, numerosos dirigentes políticos son partidarios de esta red de comunicación.
Si esta red social goza de tan buena reputación es sobre todo porque no pertenece a una empresa estadounidense, lo que la exime de la Cloud Act. Esta ley estadounidense, en vigor desde 2018, permite a la autoridad judicial estadounidense solicitar a cualquier empresa de derecho estadounidense el acceso a los datos, incluso si están almacenados en el extranjero.
Falta de colaboración por parte de Telegram
Además, Dúrov, que ha establecido el silencio como principio, se ha negado en el pasado, a través de su plataforma VKontakte, a transmitir datos de opositores rusos al gobierno de Moscú. Actualmente mantiene relaciones ambiguas con el Kremlin. Sin embargo, sus posiciones anteriores despiertan el interés de quienes exigen una mayor confidencialidad y ven en esta discreción una garantía de seguridad.
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Telegram también se ha convertido en una herramienta preferida por usuarios con intenciones menos honorables, que la ven como una protección para sus fechorías. De hecho, la plataforma es utilizada por delincuentes que intercambian información sobre métodos de fraude con tarjetas de crédito, métodos de lavado de dinero a través de criptomonedas o que ofrecen estupefacientes o productos falsificados a la venta.
Ante estos crímenes o delitos, las autoridades judiciales se enfrentan a la falta de cooperación de Telegram, que no proporciona ninguna información, lo que obliga a los investigadores a buscar otros medios, a veces complejos e infructuosos, para identificar a los sospechosos.
Una posición sorprendente
La ley de confianza en la economía digital del 21 de junio de 2004, conocida como “LCEN”, califica a las redes sociales como Telegram de anfitriones. Como tales, estas plataformas no son responsables del contenido publicado en línea por los usuarios. No obstante, la ley les impone ciertas obligaciones, como la de cooperar con la autoridad judicial cuando esta solicite información sobre la identidad de los titulares de cuentas que hayan cometido acciones ilícitas.
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