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un informe recomienda gravar sin precedentes las ganancias de los jugadores

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En una nota, el Consejo de las Deducciones Obligatorias, adscrito al Tribunal de Cuentas, sugiere ir más allá de gravar los gastos de publicidad de los operadores presentes en el PLFSS del Gobierno de Barnier, y gravar también los premios de los jugadores.

El Consejo de las Deducciones Obligatorias (CPO), instituto asociado al Tribunal de Cuentas, acaba de deslizar bajo el árbol sus seis recomendaciones sobre la fiscalidad de los juegos de dinero y de azar. Pero ni los jugadores ni los operadores considerarán como un regalo esta “nota n°10” de unas treinta páginas, y con razón: el CPO propone, entre otras cosas, establecer deducciones en las ganancias de los jugadores y en los gastos de promoción. de los operadores, hasta ahora al abrigo de impuestos y cargas sociales.

Este trabajo se produce tras los debates sobre el presupuesto de 2025 y el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social, durante los cuales se presentaron numerosas enmiendas para aumentar los impuestos sobre este ecosistema del juego (JAH). Estas amenazas de impuestos provocaron la caída de la Française des Jeux en la Bolsa, llevaron a cientos de profesionales de la industria del caballo a manifestarse en las calles de París y provocaron una protesta en el mundo del deporte. Abortadas por la censura del gobierno de Michel Barnier, las iniciativas son consideradas prometedoras pero insuficientes por el CPO, que sugiere ir aún más lejos, en aras de la coherencia con los objetivos del Estado en materia de control de JAH.

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Impuestos altos pero “justificados”

JAH (loterías, carreras de caballos y apuestas deportivas, juegos de mesa, máquinas tragamonedas) ya están sujetos a impuestos “específico” que se suma a los impuestos de derecho común. Es muy elevado, el 45% del producto bruto del juego (PRB), es decir, la diferencia entre las apuestas cobradas por los operadores y las ganancias pagadas a los jugadores. En 2023 generó 7 mil millones de euros de ingresos. Esta tributación es “justificado”porque JAH es una actividad económica “atípico”prohibido “en principio”más “por excepción, estrictamente supervisado”subrayan los autores. Señalan en particular la “efectos adversos” de estos juegos, como el riesgo de adicción y delincuencia.

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Si bien la JAH atrae a más jugadores cada año, el 6% de ellos tiene “una práctica problemática”lo que resulta en juego compulsivo, dificultades financieras o consecuencias para la salud mental. De ahí la necesidad de que el Estado “limitar la oferta”. Los autores también destacan que los ingresos de los operadores de juego son similares a un “interés”en el sentido de que operan en mercados regulados y muy poco competitivos, a veces incluso en una situación de monopolio legal. Los altos impuestos permiten captar parte de estos ingresos.

Desalentar la publicidad

En la práctica, el Consejo sugiere en primer lugar aplicar una tasa sobre los gastos de promoción de los operadores de juegos. La regulación ya no es suficiente y los impuestos son la única manera, según los autores, de “disuadir la publicidad”. Se juzgan los gastos de promoción. “excesivo”. Se dirigen sobre todo a jóvenes y perfiles con “comportamientos problemáticos”. En su PLFS, el gobierno de Barnier propuso introducir una contribución del 15% a los gastos de publicidad y patrocinio. El CPO apoya este principio, pero lamenta que la base no tenga en cuenta los gastos en recompensas, como las bonificaciones concedidas a los jugadores, que representaron el 58% de los gastos de marketing en 2022. También sugiere una tasa más alta para “un efecto verdaderamente disuasivo”.

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Segunda medida fuerte recomendada por el CPO: la tributación de las ganancias de los jugadores. Éstos no están sujetos a cotizaciones a la seguridad social, o sólo lo están mínimamente, y no tributan como ingresos. Sin embargo, varios países europeos como España, Países Bajos, Suecia y Suiza han dado el paso y gravan los ingresos de JAH a tipos variables. En Francia, nunca han sido considerados ingresos por el Consejo de Estado, que considera que no hay“intervención personal y directa” del jugador permitiendo “reducir el peligro”. De hecho, sólo las ganancias de los jugadores profesionales de póquer y bridge, cuya práctica es “habitual”se consideran ingresos y, por lo tanto, están sujetos a impuestos como tales. Una inconsistencia, critican los autores, que comparan las ganancias de JAH con las de operaciones en bolsa, sujetas a impuestos.

Reasignar ingresos tributarios a la Seguridad Social

Además, el CPO señala que “La exención de premios constituye una señal favorable al juego, que los operadores de juego no dejan de resaltar en la publicidad”. Y cita una encuesta de France Stratégie de 2017, según la cual la tributación de las ganancias tendría un impacto “aceptabilidad relativamente alta” entre la población. Una legitimidad que le obliga a proponer al legislador imponer el impuesto sobre la renta y las cotizaciones a la seguridad social. “Ganancias en juegos de azar netas de las apuestas realizadas”una nueva base que estima en al menos 1.000 millones de euros al año. Sin embargo, ganancias muy pequeñas no se verían afectadas. “Para facilitar la gestión fiscal, sólo se podrían adeudar impuestos siempre que la ganancia neta anual supere un umbral que se fijará por ley, que podría ser del orden de 500 euros”precisa el Consejo.

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Además de estas nuevas medidas fiscales, el CPO recomienda simplificar y reorganizar la tributación existente. Se desglosa en nada menos que 33 muestras dispersas que constituyen “un conjunto ilegible”con “diferentes reglas de tasa, base y cesionario, dispersas en tres códigos diferentes y en leyes no codificadas”. De ahí la necesidad de fusionar la gran mayoría de estos impuestos en un impuesto unificado sobre el GGR de los operadores. ¿A qué ritmo? El CPO señala que las tarifas actuales “no obedecen a criterios coherentes, inteligibles y relevantes”. Por ejemplo, las apuestas deportivas tienen uno de los tipos impositivos más bajos, mientras que “también son los juegos más populares entre los menores”. Se trata, por tanto, de hacer depender el precio de cada categoría de juego de la “los efectos negativos y la renta monopólica u oligopólica de la que se benefician los operadores”.

Por último, el Consejo recomienda destinar casi la totalidad de las cotizaciones a la Seguridad Social, frente a menos del 23% actualmente (el Estado capta el 77%). Esta nueva tarea “no es una fuente de ninguna dificultad”porque los impuestos sobre los juegos de dinero y de azar “se justifica en parte por sus consecuencias sobre la salud pública”. Y si esa fuera la cura para el famoso “Agujero seguro” ?

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