El Tribunal de Cuentas publicó el lunes un informe sin concesiones sobre la adquisición de servicios y la asignación de mandatos en el Estado de Ginebra. Inmovilizado por el “policía de la administración”, el Consejo de Estado critica un informe sesgado con un vocabulario tendencioso.
El Tribunal de Cuentas descubrió que las subvenciones se concedían mediante contratos de mandato. Una práctica que constituye “una violación de las disposiciones” de la Ley de compensación y ayuda financiera (LIAF). Se han registrado una quincena de casos de este tipo.
Sin embargo, no se ha descubierto ningún rastro de corrupción, subrayó el coautor del informe François Paychère. El magistrado no descartó que en ocasiones existiera el deseo de liberarse de las normas o que algunos actuaran por desconocimiento de las mismas.
Mandatos sin receta
Otra observación de los jueces de instrucción es que “no siempre es posible comprender a posteriori las razones que empujan al Estado a recurrir a un tercero y cómo el gasto sirve para alcanzar objetivos de política pública”.
El Tribunal de Cuentas también señaló que el Estado concedió mandatos extrabursátiles cuando deberían haber estado sujetos a la legislación sobre contratación pública. Una oficina concedió así tres mandatos con objetivos similares a dos empresas gestionadas por la misma persona.
Para el Tribunal de Cuentas, los tres mandatos deberían haber sido considerados como un mismo contrato. La división permitió evitar tener que pasar por un procedimiento abierto a todos los proveedores.
Recomendaciones rechazadas
El Tribunal de Cuentas recomienda medidas “sencillas” que permitirían mejorar el proceso y colmar las lagunas detectadas, pero se queja de no haber recibido la atención deseada por parte del Consejo de Estado. De las diez recomendaciones, siete fueron rechazadas sin explicación, lamentó François Paychère.
El magistrado no puede explicar este “desinterés” del ejecutivo. “Estamos ofreciendo cosas básicas, que no son nada revolucionarias”, subrayó. El Tribunal de Cuentas recomienda, por ejemplo, que el Estado aclare el concepto de mercado y su delimitación.
Un informe “sesgado” según el Consejo de Estado
Durante una rueda de prensa sin precedentes, el Consejo de Estado denunció “un informe sesgado”. “Este informe, plagado de lagunas, aproximaciones y un enfoque dudoso, suscita sospechas inaceptables”, señaló Nathalie Fontanet, presidenta del ejecutivo.
Critica al Tribunal de Cuentas por querer “evidentemente empeorar la situación y la percepción que de ella tendrían los ginebrinos”. Invitada al programa Forum del lunes, Nathalie Fontanet también destacó conclusiones que, según ella, representan sólo una pequeña parte de la realidad. “En este caso, resulta que el informe hace generalizaciones al hablar sólo de 84 compras de 36.000. El informe hace una auditoría de cumplimiento. Si una de las diferentes condiciones, uno de los diferentes pasos que se deben llevar a cabo no es no, es todo el mandato el que se considera no conforme”, juzga.
El Consejo de Estado, sin embargo, reconoce que el sistema de compras puede mejorarse, pero precisa que está en marcha un proyecto destinado a redefinir los mercados multifuncionales de los departamentos. Es por ello que se rechazan cuatro de las recomendaciones consideradas redundantes. Otra recomendación rechazada consistía, según el Consejo de Estado, en establecer “controladores para controlar a las personas responsables del control”. El ejecutivo no quiere una burocracia pesada que vaya en contra de los principios de autonomía y agilidad del Estado.
vocabulario tendencioso
Más allá del fondo, la oposición del ejecutivo se refiere también a la forma del informe, que utiliza un vocabulario tendencioso con términos como “corrupción” o “fraude”, aunque el Tribunal no ha señalado específicamente ningún fraude ni ningún daño financiero.
Este fue el informe final de los actuales magistrados del Tribunal de Cuentas cuyo mandato finaliza a finales de año.
ats/miro/ther
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