¿Entre 1.500 y 3.000 millones de euros de ingresos fiscales adicionales cada año gracias a la adopción de un sistema de lucha contra el sofisticado fraude fiscal? El gobierno de Michel Barnier ciertamente vería esto como una ayuda para encontrar nuevos ingresos en un presupuesto que es difícil de aprobar. Y sin embargo… Durante el examen en el Senado del proyecto de ley de finanzas para el año 2025, el viernes 29 de noviembre, el gobierno intentó torpedear una enmienda destinada específicamente a poner fin a una práctica fraudulenta que permitía a los accionistas extranjeros de empresas francesas eludir el Impuesto sobre dividendos, el “CumCum”.
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Este juego de manos consiste en transferir temporalmente la propiedad de acciones del mercado de valores a agentes financieros exentos de impuestos (bancos franceses, fondos de pensiones canadienses, etc.) antes del pago de dividendos, con el objetivo de eludir las retenciones que les corresponden. Hace que Francia pierda miles de millones de euros cada año, como revela la encuesta europea “CumEx Files”, publicada en 2018 por El mundo y dieciocho medios europeos.
Ignorado durante mucho tiempo por las autoridades, el tema ha cobrado impulso en los últimos años, hasta el punto que la administración tributaria ha lanzado una serie de ajustes dirigidos a los grandes bancos implicados en este tipo de acuerdos: Société Générale, BNP Paribas, Natixis, HSBC, Crédito Agrícola, etc. . Por su parte, la Fiscalía Financiera de la Nacional abrió investigaciones penales a finales de 2021 por lavado de defraudación fiscal agravada.
Larga batalla
Los debates sobre el proyecto de ley de finanzas en la Asamblea fueron una oportunidad para legislar sobre lo que los bancos llaman modestamente “arbitraje de dividendos”. EL “Necesidad de justicia fiscal”mencionado por el Primer Ministro Michel Barnier a su llegada a Matignon en septiembre, es reclamado por una parte de la opinión pública. Y las enmiendas sobre “CumCum” no costarían ni un centavo a los contribuyentes franceses, ya que el impuesto lo deben los inversores extranjeros.
Todo parecía converger para la adopción de un sistema que pusiera fin a esta práctica abusiva, seis años después de su revelación. Ha habido numerosas enmiendas en esta dirección, procedentes de todos los bandos políticos. Pero durante las discusiones en sesión, el ministro responsable del presupuesto y de las cuentas públicas se negó a apoyarlos. Laurent Saint-Martin estimó que estas enmiendas mal redactadas serían “inoperante[s] » frente al “CumCum”, al que no califica de fraude, como su gestión, sino de«optimización excesiva».
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