La medida anunciada por el poder judicial en un comunicado también prevé la confiscación de los bienes de los presos políticos liberados.
La decisión del tribunal de Managua ordena la “pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas condenadas por hechos delictivos que violaron la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense” y “la confiscación de todos los bienes de los condenados”.
Con esta decisión, desde 2023, un total de 451 opositores han sido despojados de su nacionalidad, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.
El Poder Judicial está acusado de servir al gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, quienes han intensificado la represión contra sus críticos desde las protestas de 2018.
La ONU denunció el martes una ley aprobada recientemente por el parlamento del pequeño país centroamericano que permite intensificar la “represión” contra los opositores residentes en el extranjero.
La nueva ley, aprobada por unanimidad el 3 de septiembre, entró en vigor el viernes y prevé penas de hasta 30 años de cárcel para quienes fomenten sanciones contra el Gobierno, incluidas empresas y ONG.
“Estas reformas podrían ser utilizadas para intensificar aún más la persecución y represión contra los nicaragüenses, incluso en el exilio, y los extranjeros, en el legítimo ejercicio de sus derechos”, dijo un funcionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar Volkmann.
“Los derechos de todas las personas que desean vivir en Nicaragua deben ser protegidos y defendidos; quienes viven en el exilio tienen derecho a regresar sanos y salvos y a poder construir su vida en paz en su país”, añadió Salazar, quien presentó un informe sobre la situación en Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
-Prácticas “represivas”-
Para la oposición, principalmente exiliada en Costa Rica, Estados Unidos y España, se trata sobre todo de dar un marco legal a las prácticas “represivas” del presidente Ortega.
La poeta nicaragüense Gioconda Belli, exiliada en España desde 2023 y despojada de su nacionalidad por el gobierno de Ortega, exigió ante el Consejo que cese “el acoso a las voces críticas” en su país.
La Casa Blanca anunció el jueves que había obtenido la liberación por razones humanitarias de 135 presos políticos, que posteriormente fueron acogidos en Guatemala.
Washington había asegurado que no había hecho ninguna concesión al régimen del presidente Ortega para lograr este acuerdo, fruto de largos meses de intensa presión diplomática.
La Casa Blanca dijo que entre los ex detenidos había estudiantes, católicos y 13 miembros de una organización misionera cristiana de Texas, Mountain Gateway.
Daniel Ortega, de 78 años, es un ex líder guerrillero que gobernó Nicaragua en la década de 1980 después del triunfo de la revolución sandinista.
Regresó al poder en 2007 y fue reelegido en unos comicios no reconocidos por las organizaciones internacionales, Estados Unidos o la Unión Europea, que le acusan de múltiples excesos despóticos.
A Daniel Ortega se le acusa de instaurar un régimen autoritario en un país de siete millones de habitantes.
En 2018, tres meses de protestas contra su régimen fueron duramente reprimidas, dejando más de 300 muertos, cientos de detenidos y obligando a miles de personas al exilio, según la ONU.
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