El Tribunal Federal confirmó recientemente la extradición de un francés condenado por fraude, falsificación y ejercicio ilegal de la profesión de contador público, por daños estimados en un millón de euros, que son “honorarios indebidamente recaudados y sanciones impuestas a sus víctimas por las autoridades fiscales”. El hombre, nacido en 1960, impugnó esta decisión alegando graves problemas de salud cardíaca y riesgos relacionados con el hacinamiento carcelario en Francia.
Sin embargo, las autoridades suizas consideraron que el país vecino ofrecía garantías suficientes, en particular el acceso a una atención adecuada, y que las reformas llevadas a cabo en las prisiones francesas permitieron evitar tratos inhumanos o degradantes. Debe terminar en una prisión en Marsella.
En su sentencia, el Tribunal Federal subraya que Francia, signataria del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es un socio fiable para las extradiciones. También recordó que los medicamentos necesarios para el tratamiento del recurrente podrían suministrarse en Francia o importarse de Suiza. Al no existir pruebas que demostraran un riesgo grave para la salud o una violación de los derechos fundamentales, el recurso se consideró inadmisible. El hombre será extraditado y las costas judiciales, fijadas en 1.000 francos, correrán a su cargo.
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