Los directivos de la función pública exigen el mismo aumento salarial que los empleados públicos, que obtuvieron un aumento del 17,4% en cinco años. No hay duda de que los jefes se conforman con menos.
“Es impensable que aceptemos una propuesta inferior a la que se les ofreció a los sindicalistas”, afirma la presidenta y directora ejecutiva de la Alianza de Ejecutivos Estatales, Martine Doré.
El personal directivo del sector público tradicionalmente obtiene los mismos parámetros salariales que los trabajadores gubernamentales sindicalizados.
Pero esta vez las conversaciones con el empresario empezaron mal. En particular, blandiendo el déficit histórico de 11.000 millones de dólares, Quebec acaba de ofrecer a sus gestores sólo un aumento del 12,7% en cinco años.
“No se trata de aceptar esta propuesta, los ejecutivos que representamos merecen mucho mejor que eso y nuestros miembros, esta no es una propuesta que consideren aceptable y que no constituye un reconocimiento justo a su contribución”, insiste. Doré, que representa a 3.500 directivos de ministerios y de determinadas organizaciones públicas.
Los patrones no tienen que pagar el precio del déficit
Si bien son “sensibles” a la situación de las finanzas públicas, los dirigentes del sector público creen que no tienen que pagar el precio del contexto presupuestario, que ha evolucionado desde la firma de acuerdos con los empleados estatales.
Generalmente, el gobierno aplica las mismas condiciones a sus directivos después de firmar con sus trabajadores sindicalizados. La propuesta de Quebec sorprende, pues, a la dirección.
“Debemos entender que los gestores de los servicios públicos son actores claves en el cumplimiento de la misión del Estado. Lo que esperamos es ciertamente que los ejecutivos […] obtener un reconocimiento justo de esta aportación, del mismo modo que el empresario tuvo este reconocimiento hacia su personal sindicalizado”, añade el portavoz del grupo de empresarios.
Martine Doré se consuela al afirmar que el aumento salarial del 12,7% equivale a la primera oferta hecha por el gobierno Legault a los trabajadores de los servicios públicos al comienzo de las negociaciones sobre la renovación de los convenios colectivos.
Pero a diferencia de los empleados sindicalizados, no hay “negociaciones” estrictamente hablando entre Quebec y sus ejecutivos. El Estado tiene la obligación de consultar a sus directivos antes de modificar sus condiciones de trabajo. Por tanto, se trata más bien de “discusiones”, que no comenzarán formalmente hasta principios de 2025.
“Es un punto de partida, pero a estas alturas sigue siendo una propuesta obviamente decepcionante porque está por debajo de los parámetros salariales que los sindicalistas obtuvieron al final de las negociaciones”.
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