El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que es ilegal exigir, para conceder apoyo familiar, la prueba de la entrada legal de los niños en el territorio de un país.
En sentencia dictada el jueves 19 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó a Francia y falló a favor de una familia de tres hijos de origen armenio, que reclamaba desde 2014 recibir asignaciones familiares. La CAF de Altos del Sena se negó a pagarle estas prestaciones sociales, alegando que el padre no había podido demostrar que cada uno de sus hijos había entrado legalmente en suelo francés. Y con razón: el hombre llegó ilegalmente a Francia en 2008 con su esposa y sus dos primeros hijos. Sólo el tercero, nacido en 2011, se encontraba en situación regular desde su nacimiento.
Pero entretanto el padre ha conseguido regularizar su situación, ya que en 2014 se benefició de un permiso de residencia temporal que le permitía trabajar. Si su entrada en suelo francés había sido clandestina, su situación y la de su familia quedaron así regularizadas cuando solicitó percibir prestaciones familiares. Por lo tanto, ganó su caso en primera instancia ante el juez administrativo y luego perdió en apelación. Esta sentencia fue anulada por el Tribunal de Casación y devuelta al Tribunal de Apelación, que desde entonces ha remitido el asunto a la Unión Europea.
Requisitos “contrarios al Derecho de la Unión”
Por tanto, en su sentencia, el TJUE falla a favor del padre de familia y en contra de la administración francesa al considerar “contrario al derecho de la Unión” de “subordinar el derecho a prestaciones familiares de los nacionales de terceros países que residen legalmente en Francia a una condición adicional, consistente en la necesidad de acreditar la entrada legal en territorio francés” de sus hijos. El TJUE precisa que tal condición equivaldría a “reservar a los nacionales de terceros países un trato menos favorable que el que disfrutan los nacionales del Estado miembro de acogida”.
La justicia europea afirma así que los Estados miembros deben “garantizar la igualdad de trato entre los trabajadores [étrangers] residentes en su territorio y sus nacionales”.
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Por lo tanto, no importa si una familia ha entrado regularmente o no en un Estado europeo para saber si puede beneficiarse de la asistencia social en ese Estado.
Esta decisión provocó la reacción de varias figuras políticas de derecha, entre ellas David Lisnard, que consideró que una “ultraminoría de locos nos impone sus caprichos”, o Laurent Wauquiez, que vio “un nuevo ejemplo del golpe de Estado de los tribunales supremos”asegurando que quiere “poner fin a esta impotencia para recuperar el control de nuestra política migratoria”.
La presidencia del grupo LR en la Asamblea Nacional fue asumida en Twitter por el profesor de derecho público Nicolas Hervieu, quien objetó que esta decisión “es sólo la aplicación de una ley europea aprobada, no el capricho de un juez”.
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