En primera instancia, el tribunal administrativo de Rennes ya había anulado estas órdenes, pero simplemente por una cuestión de forma, porque estaban “insuficientemente motivadas”, y no por el fondo del asunto. Por ello, la Liga para la Protección de las Aves (LPO) y la asociación de defensa del medio ambiente Bretagne Vivante recurrieron las sentencias.
“Alternativas efectivas y sostenibles”
De hecho, un estudio realizado por la Universidad de Rennes, a petición de los servicios estatales, concluyó que había que cuestionar la pertinencia de las decisiones prefecturales: el aumento de la población de aves es, de hecho, directamente relacionado con el hecho de que encuentran “lugares de anidación cavernosos”, como las chimeneas. Las grajillas son, además, “una especie que adapta su demografía en función de la destrucción que sufre”, subrayaron los académicos de Rennes.
“Existen alternativas eficaces y duraderas a la destrucción de estas aves”, añaden los autores del estudio, como “bloquear las chimeneas”, “recurrir al uso de repelentes”, “limitar el acceso a los montones de ensilaje”, “cortar de sitios urbanizados” o “prácticas de desvío, mediante siembra selectiva, lejos de la siembra”.
El Estado puede remitir el asunto al Consejo de Estado
El Consejo Científico Regional del Patrimonio Natural de Bretaña (CSRPN) también había emitido un “dictamen totalmente desfavorable” a la orden del prefecto de Morbihan, por ejemplo, estimando que “las únicas soluciones que parecen eficaces a largo plazo” son “la reducción de la disponibilidad de lugares de anidación y de recursos alimentarios”, subraya el tribunal administrativo de apelación de Nantes.
Este dictamen, emitido sobre la base de un proyecto inicial para destruir 5.000 grajillas, recordaba finalmente que “la pasada sucesión de autorizaciones (…) para la destrucción y el ahuyentamiento de estas aves protegidas no permite la regulación esperada, lo que obliga autoridades públicas (…) a multiplicar este tipo de decisiones derogatorias y las cuotas (…) autorizadas”.
El Estado tiene ahora hasta el 17 de febrero de 2025 para remitir el asunto al Consejo de Estado; de lo contrario, tales decretos prefecturales ya no podrán justificarse en el futuro si no se han adoptado de antemano “soluciones alternativas” a los tiroteos.
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