La retirada de Duro Felguera de Argelia no es ni mucho menos un hecho baladí. La retirada del grupo español es sintomática de la creciente desconfianza de los inversores extranjeros ante las promesas de apertura del régimen, que ahora está en el punto de mira de Bruselas por los inconvenientes que sufren las empresas europeas en este país.
Consciente de que los días de bonanza de los hidrocarburos están llegando a su fin, Argelia ha estado intentando desesperadamente, durante varios años, atraer capital como parte de los esfuerzos por diversificar una economía esclerótica. En 2022, las autoridades del país anunciaron, a bombo y platillo, la adopción de una nueva ley de inversiones, destinada a hacer olvidar la ola de represión que afectó a las empresas extranjeras presentes en el país, un año antes.
Sin embargo, el infierno está lleno de buenas intenciones. Las cosas siguieron como estaban, para gran consternación de los operadores que sucumbieron a las sirenas de la propaganda oficial. La opacidad y la arbitrariedad siguen siendo los marcadores de la relación con las autoridades argelinas y su asfixiante maquinaria burocrática. Sin hacer ruido, las pequeñas y medianas empresas abandonaron el país porque ya no podían tolerar los cambios de humor del poder militar.
En este sentido, conviene recordar la decisión de Argel de sancionar a empresas españolas, en represalia por el reconocimiento del carácter marroquí del Sáhara por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Ante la versatilidad y desenfado de las autoridades argelinas, que tienen una concepción muy especial de las relaciones internacionales, Madrid recomendó a sus empresas afectadas por estas restricciones abandonar Argelia.
Pese al restablecimiento de las relaciones entre ambos países tras el temporal provocado por la cuestión del Sahara, la situación no parece mejorar, a juzgar por la decisión del gigante español Duro Felguera de retirarse del proyecto de construcción de una central térmica de ciclo combinado. en la región de Djefla, a 300 kilómetros al sur de Argel.
La razón dada es “El difícil clima empresarial en Argelia”. Sin embargo, ninguna empresa del mundo puede renunciar tan fácilmente a un contrato por valor de 544 millones de euros. La empresa afirma haber sugerido “múltiples intentos de solución” a la situación, pero en vano. El contrato se firmó en 2014 y el proyecto debía entregarse en un plazo de 40 meses. La empresa española no quiso comentar los motivos de su retirada.
Los operadores europeos se enfrentan cada vez más a obstáculos y restricciones impuestos por las autoridades argelinas. El deterioro de la situación empujó a la Unión Europea a romper su silencio el 14 de junio de 2024, anunciando “un procedimiento de solución de diferencias contra Argelia”.
La Comisión Europea explicó, en un comunicado de prensa, que “El objetivo es entablar un diálogo constructivo con miras a levantar las restricciones en varios sectores, desde los productos agrícolas hasta los vehículos de motor”. “Ante los infructuosos esfuerzos por resolver el asunto de forma amistosa, la UE ha tomado esta iniciativa para preservar los derechos de las empresas y exportadores europeos que operan en Argelia y que se ven afectados. Las medidas argelinas también perjudican a los consumidores argelinos debido a una elección indebidamente restringida de productos.argumenta la Comisión.
La UE considera que las medidas restrictivas introducidas por Argel desde 2021 violan sus compromisos en virtud del Acuerdo de Asociación UE-Argelia. Este acuerdo se firmó en 2002 y entró en vigor en 2005. Establece un marco para la cooperación en todos los ámbitos, incluido el comercial.
Aunque no ha hablado abiertamente sobre la decisión de la UE, el régimen argelino ha desatado a sus medios de comunicación para expresar su descontento con esta medida, que “sólo contribuirá a profundizar las disputas” entre las dos partes. La intransigencia de Argel debería provocar una mayor preocupación entre los operadores presentes en el lugar.
