WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema entró el viernes en una importante batalla legal por los 8.000 millones de dólares al año que el gobierno federal gasta para Subvencionar servicios de telefonía e Internet. en escuelas, bibliotecas y zonas rurales, en una nueva prueba del poder regulatorio federal.
Los magistrados revisarán una apelación decisión que tumbó por inconstitucional el Fondo de Servicio Universal. La Comisión Federal de Comunicaciones recauda dinero de los proveedores de telecomunicaciones, quienes luego transfieren el costo a sus clientes.
Un grupo de defensa conservador, Consumer Research, cuestionó la práctica. Los jueces habían rechazado previamente dos apelaciones de Consumer Research después de que los tribunales federales de apelaciones confirmaran el programa. Pero el pleno del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, uno de los más conservadores del país, dictaminó por 9 votos a 7 que el método de financiación es inconstitucional.
La administración Biden apeló ese fallo, pero el caso probablemente no se discutirá hasta finales de marzo. En ese momento, la administración Trump estará en su lugar y no está claro si adoptará una visión diferente del tema.
El Quinto Circuito sostuvo que el método de financiación es inconstitucional porque el Congreso ha otorgado demasiada autoridad a la FCC y la agencia, a su vez, ha cedido demasiado poder a una entidad privada.
La última vez que la Corte Suprema invocó lo que se conoce como la doctrina de no delegación para derogar una ley federal fue en 1935. Pero varios jueces conservadores han sugerido que están abiertos a darle nueva vida a la doctrina legal.
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