Ni el clamor de las decenas de miles de manifestantes —130.000, según la Delegación del Gobierno— que se concentraron el sábado en Valencia exigiendo la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), por su gestión durante el día de la dana. Ni los lamentos de los vecinos de la zona cero denunciando que la alerta llegó demasiado tarde a sus móviles. Nada de eso se materializará, al menos no “en este momento”, en una asunción de responsabilidades. Tras la multitudinaria protesta, el Gobierno autonómico ha descartado este domingo que se produzca “ninguna dimisión” en su seno.
En Madrid, La Moncloa sigue con en el freno echado y evita presionar abiertamente al PP valenciano y al propio Mazón. Mientras, Génova cierra filas en público con el barón popular, que este domingo echó balones fuera y se emplazó al próximo jueves para rendir cuentas en una comparecencia en las Cortes autonómicas. Son cuatro días de margen en medio de la tormenta política. Habrán pasado, cuando Mazón dé sus explicaciones, más de dos semanas desde el inicio de un desastre que ha dejado ya 214 víctimas confirmadas en la Comunidad Valenciana. Más de dos semanas desde que el presidente llegase a la reunión del Cecopi, el organismo de coordinación de emergencias, dos horas después de que esta comenzase y después de haber estado hasta cerca de las 18.00 comiendo con una periodista.
Valencia se desayunó este domingo con el rastro gráfico de la rabia de quienes consideran a Mazón culpable de no haber mandado a tiempo el aviso de la dana a los móviles. Mientras los trabajadores de la limpieza se afanaban en limpiar las pintadas dejadas durante la manifestación del sábado en las sedes de la Generalitat y del Ayuntamiento, manchadas de barro y con consignas como “Mazón, dimisión” o “Mazón, asesino”, el presidente acudía como cada jornada al Cecopi que se reúne en el Centro de Emergencias de L’Eliana. Allí no se escondió y respondió a las preguntas de los medios, pero lo hizo para ganar tiempo, posponiendo las explicaciones en detalle a su intervención en el Parlamento autonómico del próximo jueves, donde pretende narrar “las cosas bien”, “de manera ordenada” y “clara”. “Evitando esta fase de bulos que también hemos tenido que salir a desmentir”, dijo.
La Generalitat trata de poner el foco en esa desinformación para desviar la atención de la cuestionada actuación de Mazón y parte de su gabinete. Porque en torno a la ausencia de Mazón durante varias horas en la fatídica jornada del 29 de octubre se orquestaron todo tipo de teorías en redes y se publicaron distintas informaciones, hasta que se desveló que había almorzado con la periodista Maribel Villaplana en el restaurante El Ventorro. Y a esas informaciones falsas se aferra el argumentario oficial para diluir el hecho de que llegase dos horas tarde al Cecopi. Además, Mazón subraya su mensaje de que fue a partir de las 19.00 de aquel día cuando “todo cambió” y las riadas se desataron, por lo que su desaparición durante varias horas no habría tenido consecuencias.
Para cuando Mazón habló este domingo desde el Centro de Emergencias, la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, ya había dado la cara tras la multitudinaria manifestación en una temprana rueda de prensa. La número dos del Gobierno autonómico mostró su “respeto” por la protesta, pero a renglón seguido despejó las dudas sobre el futuro a corto plazo del Ejecutivo valenciano. “No es una opción en este momento ninguna dimisión”, sentenció, en alusión tanto a Mazón como a la consejera de Interior, Salomé Pradas, con las competencias para ocuparse de las emergencias, que la semana pasada afirmó que no conoció el sistema técnico por el que se envían las alertas a los móviles hasta la misma tarde de la dana. Las palabras “en este momento” no parecen escogida a las alzar, pues a nadie se le escapa que Pradas está en un atolladero de difícil escapatoria. Pero por ahora la consejera actúa como parapeto de Mazón al quedarse al frente de su departamento.
La dirección nacional del PP respaldó también este domingo a Mazón en una rueda de prensa en la sede del partido. El vicesecretario popular de Economía, Juan Bravo, apuntaló a Mazón por haber “estado dando la cara en todo momento”, en contraste —dijo— con el Gobierno de Pedro Sánchez, que “renunció a ponerse al frente de la mayor emergencia nacional” vivida en España. Génova sigue instalada en la contradicción de mantener ese discurso y, a la vez, solicitar el estado de emergencia, que arrebataría el mando de la gestión de la crisis a Mazón. “Defendemos la emergencia nacional aunque sea en contra de Carlos porque esta crisis excede lo orgánico”, señalan fuentes del gabinete de Alberto Núñez Feijóo.
Como el Consell, Génova redobla la presión sobre la ministra Teresa Ribera, de quien depende la Confederación Hidrográfica del Júcar, por no haber avisado —aseguran— de la subida del caudal del barranco del Poyo. Fuentes del equipo de la vicepresidenta tercera responden que “desde las 12.20 la alerta hidrológica nunca se levantó”, aunque otras fuentes han admitido que la subida letal del caudal en ese barranco no fue comunicada por mail a la Generalitat hasta las 18.43, porque durante buena parte de la tarde toda la atención estaba puesta en otros frentes: el río Magro y la presa de Forata. “Los protocolos funcionaron”, sentencian, en todo caso, en el ministerio, recalcando que la Generalitat no supo atender las luces rojas lanzadas desde primera hora. El equipo de Feijóo se prepara para incidir sobre los viajes institucionales de miembros del Gobierno central del día de la dana y así contrarrestar las críticas a Mazón. “Pedro Sánchez estaba en la India y Teresa Ribera en Bruselas”, recriminó ya el sábado el portavoz popular, Miguel Ángel Tellado.
El Gobierno elude el choque
El Gobierno se mantuvo este domingo fiel a su consigna de toda la semana: evitar públicamente la confrontación con la Generalitat y trasladar la idea de que el Estado está desplegado en toda su potencia en las zonas afectadas, para disolver la idea de que ha habido una respuesta insuficiente. De ese guion del Gobierno queda excluido cualquier choque con Carlos Mazón. El último en poner voz a esta estrategia fue el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres (PSOE), que este domingo compareció tras la reunión diaria del comité de crisis y evitó sumarse al clamor escuchado contra Mazón en Valencia. “Ante debates que seguramente se producirán en el momento oportuno, hoy sería un absoluto error no centrarnos en recuperar las calles de todos los municipios, en sacar el lodo, en responder a la situación de insalubridad, reponer la electricidad de todas las viviendas, en que tengan gas, porque llegan días fríos, en prever las situaciones atmosféricas y que las ayudas lleguen cuanto antes”, dijo el ministro a preguntas de un periodista sobre la manifestación del sábado, en la que Mazón fue el principal objeto de las críticas aunque también se escucharon voces contra el Gobierno.
Del Ministerio de Presidencia también salieron mensajes conciliadores. Su titular, Félix Bolaños, mantuvo ayer contactos con todos los grupos salvo con Vox —autoexcluido de la ronda— para informarles de las próximas decisiones que tomará el Gobierno, entre ellas las “líneas generales” del real decreto-ley que aprobará este lunes el Consejo de Ministros “con nuevas medidas de respuesta inmediata a las necesidades de las personas y empresas afectadas, que se añadirán al paquete que se aprobó el martes pasado”, señala por escrito un portavoz de Presidencia.
El único encuentro que tuvo lugar después de comer fue con el PP, concretamente con Miguel Tellado y Juan Bravo. La reunión fue presencial y duró una hora y 45 minutos. El tono fue “muy constructivo”, recalca el equipo de Bolaños. Presidencia aseguró que los representantes del PP “han reiterado su apoyo a la convalidación en el Congreso de los reales decretos-ley” para la dana. En un mensaje por escrito, un portavoz del PP valoró así el encuentro: “Hemos explicado nuestra postura y dado nuestra opinión con la voluntad de ayudarles. La información que hemos recibido ha sido superficial pero no es momento de entrar en controversias con el Gobierno”.
