“Acababa de abastecerme de artículos para las vacaciones de Navidad. Bolsos, vestidos, joyas, carteras, todo estaba sucio de barro o arrastrado por el agua. Es irrecuperable”se lamenta Carmina Redondo, de 68 años, con la voz entrecortada por los sollozos.
Propietario de la Tienda Ibor de marroquinería y tienda de regalos que llevaba cincuenta años establecida en Algemesí, un pequeño pueblo situado a 35 kilómetros al sur de Valencia, Ma mí Redondo esperaba jubilarse en dos años y se resistía. “Para ayudar a mi hijo, uno de cuyos hijos está gravemente discapacitado, y porque no he alcanzado los treinta y ocho años de cotización necesarios para tener una jubilación plena”explica. “No sé si tendré fuerzas para empezar de nuevo”añade esta mujer, mirando con tristeza los bolsos de diseñador y los trajes de flamenca manchados de barro.
Desde las inundaciones que asolaron la provincia de Valencia el 29 de octubre y provocaron 215 muertos y 78 desaparecidos, según los últimos informes, todos los comercios de la ciudad permanecen cerrados, incluido el gran Mercadona, cuyos responsables han estimado en un mes el tiempo necesario para reparar los desperfectos y reabrir las puertas.
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El Gobierno español dio a conocer un plan de ayuda a las víctimas de catástrofes y a las empresas en 75 municipios afectados (además de dos en Castilla-La Mancha y uno en Andalucía), por un importe de 10.600 millones de euros, el martes 5 de noviembre, después de que el Consejo de Ministros anunciara oficialmente declarado estado de desastre natural en la región. Es “un primer paso”El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, precisó que pretende paliar la emergencia, reconstruir lo que se pueda y apoyar a las víctimas. “Estamos hablando de cifras muy altas. Parte de estas ayudas se pedirán a la Unión Europea, pero también saldrán de nuestras cuentas públicas, por lo que pediremos una revisión de los objetivos de reducción del déficit y de la deuda pública.precisó el líder socialista.
La prioridad que muestra Madrid es que lleguen las ayudas“con el menor papeleo posible y lo más rápido posible”según Sánchez, basándose en el modelo de medios implementado durante la pandemia de Covid-19.
Como en 2020, la idea es hacer todo lo posible para apoyar a las empresas y mantener el empleo mediante mecanismos de desempleo parcial, exenciones de cotizaciones sociales y acuerdos sobre el tiempo de trabajo, así como la provisión de una línea de crédito de 5.000 millones de euros. Los empleados afectados física pero también psicológicamente por las inundaciones o sus consecuencias podrán beneficiarse de un paro laboral retribuido al 75% de su salario. También se podrían liberar cerca de 840 millones de euros para compensar a unas 30.000 empresas -a razón de 10.000 a 150.000 euros cada una, en función de su facturación- y 65.000 autónomos -a quienes se pagarán 5.000 euros-.
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