Los dos casos investigados por el fiscal especial se centran en los intentos supuestamente ilícitos de Donald Trump de anular los resultados de las elecciones de 2020 y su retención de documentos clasificados tras su salida de la Casa Blanca.
En el primero, en Washington, el Tribunal Supremo reconoció el 1 de julio que el presidente de Estados Unidos tenía una amplia presunción de inmunidad penal, lo que obligó a Jack Smith a presentar una acusación revisada a finales de agosto.
A continuación, el fiscal especial desarrolló en un voluminoso documento sus argumentos para demostrar el carácter privado de los actos por los que se procesa a Donald Trump, que por tanto no están, según él, cubiertos por la inmunidad penal para su “actos oficiales“.
En el segundo caso, en Florida (sureste), la jueza Aileen Cannon anuló el proceso el 15 de julio alegando que el nombramiento del fiscal especial en este caso y la financiación de su trabajo violaban secciones de la Constitución relativas a nombramientos y gastos. Esta decisión se encuentra actualmente bajo apelación.
Una vez más presidente, Donald Trump podría nombrar un nuevo Ministro de Justicia que despidiera a Jack Smith, o simplemente ordenar a su Departamento de Justicia que retire los cargos.
En este sentido, podrá invocar la constante política del Ministerio de Justicia consistente en no procesar a un presidente en ejercicio.
Sin embargo, esta política no debería aplicarse jurídicamente a los procedimientos penales ya iniciados antes de su llegada al poder, ya que “se trata de una situación muy diferente”, afirma Claire Finkelstein, profesora de Derecho en la Universidad de Pensilvania (noreste).
Pero como esta es la interpretación que prevalecerá bajo una administración Trump, en estos procedimientos federales, “tal como están las cosas actualmente, sólo podría ser juzgado después de dejar el poder”, añade.
