En un informe publicado el 19 de diciembre, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) acusa a las autoridades israelíes de “crímenes contra la humanidad de exterminio”, así como de actos de genocidio. Esta investigación de 184 páginas se basa en testimonios de más de 60 palestinos, así como de profesionales de la salud y otros actores humanitarios que trabajan en la Franja de Gaza. Las acusaciones hechas por Human Rights Watch se hacen eco de las de Amnistía Internacional, que también ha denunciado graves violaciones de derechos humanos en la región.
HRW dice que las autoridades israelíes han creado deliberadamente condiciones de vida que hacen prácticamente imposible el acceso a agua adecuada para los civiles palestinos. Según la ONG, tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, Israel cortó el acceso al agua, bloqueando también la entrada de alimentos, combustible y ayuda humanitaria al enclave. Además, según se informa, las fuerzas israelíes dañaron instalaciones esenciales de agua y saneamiento, empeorando la crisis humanitaria en Gaza.
La poca agua disponible no es potable.
El informe destaca que la mayoría de los habitantes de Gaza no tienen acceso a la cantidad mínima de agua recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que oscila entre 50 y 100 litros por día. La situación es tanto más preocupante cuanto que el agua disponible a menudo no es potable, lo que conlleva riesgos de deshidratación y enfermedades graves. HRW estima que es probable que miles de palestinos hayan sucumbido al hambre, la deshidratación y las enfermedades relacionadas con el agua desde que comenzaron las represalias israelíes.
HRW insiste en que las autoridades israelíes no han respondido a sus solicitudes de aclaración sobre los ataques a infraestructuras hídricas vitales.
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