El martes, Urfan Sharif y Beinash Batool fueron condenados a cadena perpetua por el espantoso asesinato de Sara Sharif, de 10 años. Ese mismo día, Bridget Phillipson prometió un proyecto de ley “histórico” que “buscará proteger a los niños” garantizando que los más vulnerables no sean automáticamente elegibles para recibir educación en el hogar. Sara fue sacada de la escuela dos veces por su padre y su madrastra como un subterfugio para encubrir la evidencia de sus repetidos abusos, y Phillipson quiere otorgar a los consejos mayores poderes para revisar los entornos de aprendizaje en el hogar.
Dado el número récord de niños que reciben educación en casa y la generación de “niños fantasma” que actualmente no asisten a la escuela, una mayor regulación no es necesariamente algo malo. Sin embargo, centrarse en el papel que jugó la educación en el hogar en la muerte de Sara distrae la atención de la asombrosa lista de fallas institucionales que permitieron que ella fuera tan maltratada ante nuestros ojos.
En lugar de ello, deberíamos preguntarnos cómo un tribunal de familia otorgó la custodia de Sara a Urfan Sharif en 2019 a pesar de su largo y bien documentado historial de violencia contra mujeres y niños. En 2013, año en que nació Sara, fue acusado de quemar a su hermano con una plancha. En 2015, la madre de Sara lo acusó de violencia doméstica grave y abuso físico. El tribunal consideró que el comportamiento de Sara era “preocupante” y “extremadamente preocupante”, pero aun así le permitió vivir con su padre y su madrastra, quienes también habían sido arrestados en 2014 por abusar sexualmente de un niño.
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