La Corte Suprema ofrece una gran victoria a Donald Trump sobre la cuestión de la inmunidad presidencial

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Donald Trump, en Altanta, Georgia, 27 de junio de 2024. MARCO BELLO / REUTERS

Donald Trump está viviendo un período de felicidad. A pocos días del hundimiento de Joe Biden durante su debate televisado, el expresidente recibió, el lunes 1es Julio, otra noticia alentadora. Como era de esperar, la Corte Suprema dominada por jueces conservadores asestó un duro golpe a la investigación federal sobre el intento de golpe que condujo al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Cuando se le pidió que comentara sobre la inmunidad presidencial total que Donald Trump solicitó en el contexto de sus funciones pasadas, no accedió a esta solicitud, extravagante a los ojos de los juristas. Pero, detrás de las sutilezas de la decisión, la victoria no es menos espectacular para el candidato republicano, que ve alejada la amenaza de un juicio por este caso. Donald Trump también puede esperar respuestas favorables en las otras investigaciones en su contra, en particular la investigada en Georgia sobre las presiones ejercidas, a finales de 2020, sobre los funcionarios de este estado para modificar el resultado de las elecciones.

El presidente del Tribunal, John Roberts, autor de la decisión aprobada por seis jueces contra tres, destaca que “la naturaleza del poder presidencial requiere que un ex presidente pueda tener algún tipo de inmunidad contra el procesamiento penal por actos oficiales cometidos mientras estaba en el cargo”. Una inmunidad que debe ser absoluta, añade, en lo que respecta al corazón de sus prerrogativas constitucionales. Para sus otros actos oficiales, en áreas donde comparte autoridad con el Congreso, también debe beneficiarse de alguna forma de “presunción de inmunidad”que sólo puede levantarse caso por caso, ante los tribunales, dependiendo de la relevancia de las pruebas reunidas por la fiscalía.

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Por último, los actos privados no están cubiertos por la inmunidad. Por lo tanto, surgen tres escenarios posibles, pero sin un alcance claramente definido para los dos últimos. Aquí está Tanya Chutkan, la jueza que presidió la audiencia del 6 de enero en Washington, investida de una inmensa responsabilidad. Pero el tiempo se está acabando.

La investigación frustrada del fiscal especial

Detrás de esta aparente cautela por parte del Tribunal y de su apología de la separación de poderes, la mayoría de los jueces están levantando una serie de muros, de distintos tamaños, alrededor de la institución presidencial y, por tanto, de Donald Trump. John Roberts parece especialmente preocupado por posibles procesamientos por motivos políticos contra un presidente, sin tener en cuenta el meollo de la cuestión: un intento de golpe de Estado. Le preocupa la intrusión del poder judicial en el ejecutivo, el efecto disuasorio y perturbador que la amenaza de un proceso penal tendría sobre un presidente, en arbitrajes clave.

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