Las autoridades talibanes mataron a tiros tres veces a un hombre condenado por asesinato el miércoles en un estadio del este de Afganistán, la sexta ejecución pública desde su regreso al poder en 2021, según un recuento de la AFP.
El hombre fue baleado por la mañana en el estadio de Allez, capital de la provincia de Paktia, lleno de miles de personas que acudieron a presenciar la ejecución, constató un periodista de la AFP.
La víspera, la gobernación había convocado en las redes sociales a los residentes a “participar en el evento”.
La orden de ejecución fue firmada por el líder supremo de los talibanes, el emir Hibatullah Akhundzada, que vive recluido en su bastión sureño de Kandahar y gobierna el país por decreto o instrucciones, indicó el Tribunal Supremo en un comunicado.
Tribunales de diferentes jurisdicciones habían examinado previamente el caso “con mucho cuidado y en varias ocasiones”, dijo el Tribunal.
Se consultó a la familia de la víctima para saber si perdonarían al condenado. Ante su negativa, la ejecución se ordenó bajo el principio islámico de “qisas” o ley de represalia, de la misma fuente.
En febrero, tres hombres fueron ejecutados en la misma semana, dos en Ghazni, en el este, y uno en Sheberghan, en el norte. Antes de eso, un hombre recibió un disparo en diciembre de 2022 y un segundo en junio de 2023. Todos fueron condenados por “asesinato”.
Foto AFP
“Hasta la muerte”
Las ejecuciones públicas fueron habituales durante el primer régimen talibán, entre 1996 y 2001. La mayoría de los condenados eran asesinados mediante disparos o lapidaciones, según los delitos imputados.
Una de las imágenes más impactantes de su primer régimen sigue siendo la de 1999, la ejecución de una mujer que vestía burka en un gran estadio de Kabul, frente a miles de espectadores. Había sido condenada por matar a su marido.
Desde agosto de 2021, las autoridades llevan a cabo periódicamente azotes públicos por otros delitos, como robo, adulterio o consumo de alcohol.
El emir Hibatullah Akhundzada afirmó en agosto, en el tercer aniversario de la toma de Kabul, que la aplicación de la ley islámica era “una responsabilidad hasta la muerte”.
Poco después, las autoridades anunciaron una nueva ley para “la propagación de la virtud y la represión del vicio” que rige todos los aspectos de la vida social y privada de los afganos según una interpretación ultrarigurosa de la ley islámica.
Estas zonas grises, consideradas preocupantes por los defensores de los derechos humanos, provocaron la protesta de la comunidad internacional, que todavía no reconoce el poder de los talibanes.
La ONU, por su parte, acusa a las autoridades de haber instaurado un “apartheid de género” en el país de 45 millones de habitantes, uno de los más pobres del mundo, con un crecimiento anémico, un desempleo masivo y una grave crisis humanitaria.
