Al finalizar el Mes de la Economía Social y Solidaria (ESS), se celebraron las Jornadas de las Diferentes Economías los días 29 y 30 de noviembre de 2024 en Dijon. Entre los debates destaca el que gira en torno al tema “¡Garantizar el acceso a la salud para todos es posible!” Fue invitado en particular por el director general de la Unión Nacional Interfederal de Obras y Organizaciones Privadas de Salud y Sociales (Uniopss). Para VivaJérôme Voiturier analiza las numerosas cuestiones relacionadas con el acceso a la salud para todos.
¿Cuáles son los principales obstáculos al acceso universal a la asistencia sanitaria en Francia?
Jérôme Voiturier : Los obstáculos son numerosos. En primer lugar, existen desigualdades territoriales, con desiertos médicos, particularmente en las zonas rurales. Incluso en regiones con buenos recursos como Ile-de-France, los retrasos para obtener una consulta son cada vez más largos. Luego, el freno financiero con el aumento de los gastos de bolsillo que pesa mucho sobre las poblaciones más precarias. Por último, el acceso a la información sigue siendo un desafío, particularmente debido a la brecha digital, que priva a algunos de acceso a recursos y profesionales de la salud.
¿Quiénes son las poblaciones más vulnerables?
SE : A menudo se trata de aquellos que combinan varios obstáculos: poblaciones precarias, presos, personas en situaciones administrativas complejas (indocumentados, etc.), personas con discapacidad, que necesitan un apoyo específico, ya sea en términos de accesibilidad o de atención adecuada.
“La Ayuda Médica Estatal (AME) es un ejemplo típico de REFORMA cuyo objetivo no está motivado por cuestiones de salud pública sino por consideraciones de seguridad y migración”.
¿Qué opina de la idea de reformar la asistencia sanitaria estatal, que surge periódicamente en el debate público?
SE: Este es un ejemplo típico de reforma cuyo objetivo no está motivado por cuestiones de salud pública sino por consideraciones de seguridad y migración. Seamos claros: las críticas a la AME son exageradas, con fantasías sobre tratamientos superfluos, como operaciones cosméticas.. En realidad, el coste de la AME se estima entre 800 y 1.000 millones de euros. Eliminarlo tendría un impacto indirecto mucho mayor que los ahorros realizados.
¿Qué reformas podrían mejorar el acceso a la salud para todos?
SE: Deberíamos empezar por poner fin a ciertos desembolsos de cuidados o tratamientos necesarios, que son contraproducentes. En enero las consultas con médicos homologados del sector 1 aumentarán de 25 a 30 euros. Puede que esto no parezca mucho, pero para algunas personas en situaciones precarias, es un obstáculo importante para el acceso a la atención.
¿Otras vías?
SE: También es esencial reforzar el atractivo de las profesiones asistenciales y médico-sociales. Estas profesiones sufren de una falta de reconocimiento y valoración, lo que desalienta las vocaciones. Por último, tarde o temprano tendremos que volver a poner sobre la mesa la cuestión de la libertad de establecimiento de los médicos, norma que se remonta a 1927.
¿Qué papel puede desempeñar la telemedicina en la mejora del acceso a la atención?
SE: Se trata de un progreso real, pero no debería reforzar las desigualdades y sustituir el contacto directo, esencial para detectar determinadas patologías. El desarrollo de la telemedicina debe complementarse con el intercambio humano, no para compensar la ausencia de médicos.
¿Qué papel pueden jugar las mutualidades?
SE: Las mutuas de seguros desempeñan un papel fundamental no sólo en el reembolso de las asistencias, sino también en la prevención y el apoyo a los asegurados. Su fuerza es estar presente de manera concreta sobre el terreno, desarrollando acciones sociales y locales..
¿Cómo ve la evolución del sistema sanitario en los próximos diez años?
SE: En 2001, la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraba que Francia era el principal sistema sanitario del mundo. Este ya no es el caso. Hay señales preocupantes como el cierre de los servicios de emergencia y consultorios médicos. Esta evolución dependerá de la prioridad que las autoridades públicas den a las cuestiones de salud pública, en particular al envejecimiento de la población.