Sin especificar exactamente dónde deberían realizarse estos recortes, el ministro dio algunas orientaciones el martes. “Aunque RTBF conserve su autonomía para integrar estas economías, creo que debe reorientar sus misiones hacia la información y la educación mediática”, deslizó durante el debate.
Galant también pidió abiertamente el martes que la radio y la televisión públicas refuercen sus sinergias con los medios de comunicación locales (antiguamente la televisión local), en particular compartiendo más programas o infraestructuras.
En cuanto al contenido, se mostró sorprendida por una cierta superposición de actividades entre los medios locales y la RTBF.
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“En RTBF hay 80 personas que hacen exactamente el mismo trabajo que los medios locales”, se sorprende. “Por tanto, debemos poder decir que existe una duplicidad de medios para un mismo trabajo…”.
La retransmisión de grandes acontecimientos deportivos a través de la RTBF volvió a estar sobre la mesa el martes en la comisión. Sabemos que el gobierno de Azur quiere que los medios privados recuperen parte de estos derechos.
Ante las críticas de la oposición, que teme que la retransmisión de las grandes competiciones pase mañana a canales privados o de pago, la ministra Galant aseguró que no era en modo alguno su intención que el deporte desapareciera de las ondas de la RTBF.
“¡Es falso decir que no habrá más deporte en RTBF!”, insistió. “¡Compartir derechos de adquisición no significa eliminarlos!”
La liberal aprovechó este debate para criticar de paso la opacidad con la que la RTBF negocia actualmente estos derechos de retransmisión deportiva, sin ningún mercado público, aunque se trate de dinero público, recordó.
Aunque es ministra responsable de RTBF, ella misma no tiene acceso a las cantidades gastadas por Boulevard Reyers para adquirir estos derechos.
También se mostró sorprendida de que el reglamento interno de la RTBF prevea que su administrador general puede decidir por sí solo sobre la adquisición de derechos hasta un importe de 4 millones de euros sin IVA. Más allá de este límite, el administrador general deberá consultar al presidente y a los vicepresidentes de su consejo de administración.
“En términos de buena gobernanza, en ninguna organización, en ninguna sociedad, pública o privada, se conoce este tipo de práctica (…) donde una sola persona decide por cantidades tan sustanciales, con dinero público”, señaló el ministro.
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