La organización no gubernamental Public Eye elabora una evaluación alarmante sobre la calidad de los informes de sostenibilidad de los principales comerciantes de materias primas de Suiza.
En un momento en el que el Consejo Federal pretende endurecer las exigencias de publicación de las empresas, en particular en lo que respecta al impacto medioambiental, Public Eye elabora una evaluación alarmante sobre la calidad de los informes de sostenibilidad de los principales comerciantes de materias primas del país. Los principales actores niegan un enfoque falaz.
La organización no gubernamental lamenta en particular una consideración insuficiente o incluso inexistente de las emisiones indirectas relacionadas con el comercio de hidrocarburos o carbón, antes y después de la cadena de producción. Las cantidades de emisiones calculadas por Public Eye difieren en proporciones de un +10% en el mejor de los casos (Gunvor) a un +120% en el peor de los casos (Mercuria) en comparación con las emisiones realmente declaradas en los informes de sostenibilidad de los actores afectados, según un estudio de una ONG.
El tonto designado informó a Public Eye que la declaración de emisiones indirectas era “opcional” en la metodología utilizada para sus propios cálculos. Cuestionada por la agencia AWP, Glencore reconoció que podrían surgir discrepancias entre sus propios cálculos y los de terceros debido a “divergencias en los métodos de cálculo y postulados básicos utilizados, así como en el alcance de las emisiones monitoreadas”.
Suissenégoce, que defiende los intereses del sector, ya había reaccionado el domingo en las columnas del periódico Sonntagsblick, considerando que confiar todas las emisiones relacionadas con la combustión de sus combustibles únicamente a los comerciantes era “intencionadamente engañoso”.
Lo que queda es que la práctica en términos de censo de emisiones se estandarizará en cierta medida. “El proyecto de ley (sobre las obligaciones de publicación en materia de sostenibilidad) prevé (…) que los informes deben presentarse a una empresa de revisión externa o a un organismo de evaluación de la conformidad”, advirtió a finales de junio el Consejo Federal. Tras resaltar la importancia de adaptar la legislación suiza a la evolución observada en la Unión Europea, el gobierno aseguró que también quería tener en cuenta las especificidades locales.
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