El tribunal administrativo de Rabat dictó una decisión histórica a favor de un ciudadano marroquí, condenando al Estado a pagar una indemnización de 250.000 DH. La víctima, profesora universitaria, acudió a los tribunales en junio de 2022 para denunciar graves complicaciones tras la inyección de la vacuna AstraZeneca.
En su momento, la administración de esta vacuna se hizo obligatoria en determinados contextos para contener la pandemia de Covid-19.
Durante una conferencia de prensa, el portavoz del gobierno, Mustapha Baitas, declaró que ninguna vacuna podría comercializarse sin la aprobación de los comités científicos competentes. El ministro de Salud, Khalid Ait Taleb, insistió en que “La vacuna AstraZeneca no produce efectos secundarios mortales“, contradiciendo así los temores expresados por ciertos ciudadanos.
Esta decisión se produce cuando AstraZeneca acaba de anunciar la retirada oficial de su vacuna, una de las primeras utilizadas durante la pandemia. Las razones dadas son económicas.
