El Senado mexicano comenzó este martes a examinar la polémica reforma al Poder Judicial que quiere el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, que ha generado fuertes tensiones con Washington, principal socio comercial del país, así como protestas diarias desde hace varias semanas.
La reforma constitucional, que entra en la fase final de su recorrido legislativo con el voto de los senadores, pretende permitir la elección de jueces -incluidos los de la Corte Suprema- y magistrados mediante “voto popular”, una primicia mundial que sacude al país y a los inversores.
El jefe de Estado mexicano, que será sustituido por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, del mismo partido, el 1 de octubre, sostiene que la justicia mexicana es corrupta y sólo sirve a los intereses económicos de las élites, mientras que más del 90% de los crímenes quedan impunes en México según ONG.
El miércoles pasado, el proyecto de ley fue aprobado por los diputados de la coalición ultramayoritaria en el poder, en un gimnasio, bajo aros de baloncesto, después del bloqueo de la Cámara Baja por parte de manifestantes.
Toda la atención se centra ahora en el Senado, donde el partido presidencial y sus aliados están a un voto de aprobar la reforma.
Sus opositores, principalmente empleados de la administración judicial y estudiantes de derecho, creen que debilitará la independencia de los jueces y abrirá la puerta al crimen organizado.
Cientos de personas se congregaron desde la mañana frente al edificio legislativo, con pancartas y banderas mexicanas, para pedir el rechazo a la reforma.
Los partidos de oposición PAN, PRI y Movimiento Ciudadano dijeron que votarán en contra. “Lo hemos dicho y lo volvemos a decir: lucharemos hasta el final para evitar este atropello a la República y a la democracia”, escribió la senadora de Movimiento Ciudadano Alejandra Barrales.
“La demolición del sistema judicial no es el camino a seguir”, dijo la presidenta de la Corte Suprema, Norma Piña, en un video publicado en las redes sociales el domingo.
– “Profundas preocupaciones” –
López Obrador, quien a menudo ha criticado al alto tribunal por frenar varias de sus reformas, advirtió a Piña contra cualquier intento de bloquearlo, lo que dijo constituiría una “flagrante violación” de la Constitución.
“Lo que más preocupa a quienes están en contra de esta reforma es que van a perder sus privilegios, porque el poder judicial está al servicio de los poderosos (…) y de la delincuencia de cuello blanco”, dijo el martes López Obrador, cuya popularidad ronda el 70%.
Estados Unidos, principal socio comercial de México, ve la reforma como un “riesgo” para la democracia mexicana y “una amenaza” para las relaciones comerciales bilaterales, ya que México ha suplantado a China como principal socio comercial de su vecino del norte.
Las preocupaciones de los inversores sobre el proyecto de ley han contribuido a una fuerte caída del peso, que alcanzó un mínimo de dos años frente al dólar la semana pasada, dijeron los expertos.
“Esto es consecuencia de factores externos”, respondió López Obrador el lunes. “Es urgente sanear (el sistema judicial) en beneficio de todos, incluidos (los que) invierten en México”.
El gobierno mexicano denunció “injerencia” de Estados Unidos en sus asuntos internos y decretó a finales de agosto la ruptura de relaciones con el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien ha criticado públicamente la reforma en varias ocasiones.
Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados, expresó su “profunda preocupación”. “A falta de fuertes garantías contra la infiltración del crimen organizado (en el proceso de selección de los jueces), un sistema electoral puede volverse vulnerable a esas fuerzas poderosas”, declaró el lunes por la noche a la AFP.
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