Todas las personas en cuestión habían sido condenadas por la justicia federal estadounidense, distinta de la justicia estatal.
A principios de diciembre, más de 130 organizaciones, entre ellas el poderoso grupo de derechos civiles ACLU o Amnistía Internacional Estados Unidos, recordaron a Joe Biden su compromiso de campaña de 2020 contra la pena de muerte y acogieron con satisfacción la moratoria de las ejecuciones a nivel de la justicia federal decretada en Mayo de 2021 por su gobierno.
Las organizaciones habían dicho que temían una “ola de ejecuciones” después de que su sucesor Donald Trump asumiera el cargo.
“Estoy conmutando las sentencias de 37 de las 40 personas condenadas a muerte a nivel federal por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional”, anunció Joe Biden en un comunicado.
“No se equivoquen: condeno a estos asesinos”
El presidente estadounidense indicó que las conmutaciones emitidas el lunes eran “consistentes con la moratoria que (su) gobierno impone a las ejecuciones federales en casos distintos del terrorismo y los asesinatos en masa motivados por el odio”.
Nueve de los individuos que escaparon de la pena de muerte gracias a la medida del presidente demócrata fueron condenados por matar a otros presos. Otros cuatro cometieron asesinatos durante robos a bancos y otro mató a un guardia de prisión.
“No se equivoquen: condeno a estos asesinos, lamento las víctimas de sus actos despreciables y lamento todas las familias que están sufriendo pérdidas inimaginables e irreparables”, escribió Joe Biden.
“Pero, guiado por mi conciencia y mi experiencia […] Estoy más convencido que nunca de que debemos dejar de utilizar la pena de muerte a nivel federal”, añadió.
Entre los tres condenados que no se beneficiaron de esta medida presidencial se encuentran Dzhokhar Tsarnaev, uno de los atacantes del atentado contra el maratón de Boston el 15 de abril de 2013, y Dylann Roof, un supremacista blanco que mató a nueve afroamericanos en una iglesia de Charleston en 2015.
Robert Bowers, autor de un ataque armado a una sinagoga de Pittsburgh en 2018 que mató a 11 judíos, también permanecerá en el corredor de la muerte.
Trump quiere ampliar el uso de la pena capital
Las ejecuciones federales son raras y la gran mayoría las llevan a cabo los estados. Unos 2.300 presos están condenados a muerte en Estados Unidos y, hasta la conmutación anunciada el lunes, sólo 40 se encontraban allí tras una condena de la justicia federal.
Las últimas ejecuciones federales se remontan al final de la presidencia de Trump. Después de una pausa de 17 años, 13 convictos fueron ejecutados entre el 14 de julio de 2020 y el 16 de enero de 2021, el mayor número bajo el mandato de un presidente estadounidense en unos 120 años.
La última ejecución tuvo lugar apenas cuatro días antes de la toma de posesión de su sucesor demócrata Joe Biden.
Donald Trump ha expresado repetidamente su deseo de ampliar el uso de la pena capital para que se aplique a los inmigrantes que han matado a ciudadanos estadounidenses, así como a los narcotraficantes y a las personas que practican la trata de personas.
La pena capital ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país. Las moratorias también están en vigor en otros seis estados: Arizona, California, Ohio, Oregón, Pensilvania y Tennessee.
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