Recientemente nos han llamado la atención dos informes de importantes instituciones financieras.
Se trata del “Informe de país” de 2024 del Banco Africano de Desarrollo (BAfD) y el del Banco Mundial sobre la deuda.
Estos informes contrastan con los del pasado en que están lejos del ditirambo habitual sobre la “robustez” del crecimiento económico en Senegal en el umbral del surgimiento económico.
La deuda y la transformación estructural son objeto de un examen crítico, que apenas oculta las responsabilidades del régimen anterior en esta área.
Sobre las infraestructuras del PSE, el BAD concluye con dureza que no han permitido alcanzar los objetivos de crecimiento esperados y menos aún poner al país sobre los carriles de una emergencia económica prevista para 2035.
Aquí hay algunos extractos:
“Durante el período 2014-2023, la economía de Senegal experimentó un dinamismo sin precedentes, lo que resultó en una tasa de crecimiento anual promedio del 5,3% en comparación con el 3,1% entre 2004 y 2013.
Este desempeño se explica por la implementación de importantes infraestructuras;
Sin embargo, este crecimiento no parece darse en un proceso más inclusivo a través de una mejora de la productividad.
El ritmo de crecimiento impulsado por el Plan Senegal Emergente (PSE) no parece haber creado empleos en cantidad y calidad suficientes para reducir la pobreza y las desigualdades.
Esta situación también muestra que las inversiones estructurales implementadas aún no han alcanzado el nivel que pueda impulsar la transformación estructural del país.
Financiar este crecimiento plantea interrogantes sobre la viabilidad de las finanzas públicas;
La construcción de infraestructura, a través de financiación externa, provocó un aumento significativo de la deuda pública que pasó del 20% del PIB en 2008 al 80% en 2023.
Los altos tipos de interés debido a la percepción de riesgo en los países africanos y las calificaciones desfavorables de las agencias de calificación internacionales han aumentado el servicio de la deuda, que representa más del 33% de los ingresos públicos en 2023 y se convertirá luego en una de las partidas más importantes del presupuesto, significativamente reducir el espacio presupuestario.
En cuanto a la situación de la economía, continúa el informe
Estos comentarios hablan por sí solos.
Cuando el informe habla de un “nivel” insuficiente de inversiones, hubiéramos preferido decir “ineficiencia” en la elección de las inversiones.
De hecho, en su mayor parte, estos no han impulsado una tasa sostenida de crecimiento endógeno a través de la transformación industrial, ni han generado retornos financieros que hubieran permitido la reducción de la deuda pendiente general.
Las autoridades encargadas de las finanzas prefirieron, si fuera necesario, “reperfilarlas” utilizando “caballería financiera”.
Mientras tanto, el informe del Banco Mundial se centra en la deuda.
Esto, debido a su magnitud, socavaría la eficacia del presupuesto estatal, ya que casi un tercio del gasto se dedica al pago de la deuda.
El informe sobre la deuda se produce cronológicamente en un contexto de impugnación por parte del Primer Ministro Ousmane Sonko de la cantidad de 15 billones de FCFA anunciada por el equipo saliente.
La institución financiera, que interviene en última instancia, empeora la calificación al proponer la cifra de 24.889 mil millones de FCFA, un aumento del 66% con respecto al saldo inicial.
En nuestra opinión, la consecuencia más perjudicial es que esta reevaluación se produce en el contexto de la aplicación de la primera fase (2025-2029) de la Agenda Nacional de Transformación “Senegal 2050”, cuya financiación se estima en 18.500 millones de francos CFA.
De hecho, estas nuevas cifras alterarán sin duda los planes iniciales de ejecución de este proyecto, porque se habrán elaborado a partir de estadísticas erróneas, en particular las relativas a la capacidad de endeudamiento.
El Banco Mundial añade que “la actual arquitectura financiera internacional no sería muy favorable para financiar la transformación estructural de Senegal, debido a la percepción de riesgo en el mercado internacional de capitales y a las calificaciones desfavorables de las agencias financieras internacionales”.
Más allá de la deuda, el informe también admite que las inversiones estructurales realizadas no permitieron alcanzar el nivel que podría impulsar la transformación estructural del país.
En nuestra opinión, sería apropiado en este punto hablar de “eficiencia” en lugar de “nivel de implementación”; porque no se trata de perseverar en la construcción de infraestructuras ruinosas y prestigiosas, sino de reorientar las inversiones hacia infraestructuras estructurantes económicamente.
Esta afirmación suena a desautorización del PSE, cuya financiación ha multiplicado por 8 la deuda del país desde 2012.
De estos informes surgen las siguientes conclusiones:
El crecimiento económico generado durante el período no creó empleos significativos; el sector informal sigue siendo el principal proveedor de empleos en el país (90% de los empleos);
Este crecimiento es errático, sujeto a variaciones en función del crecimiento agrícola y de la buena remuneración de nuestros recursos mineros y naturales (oro no monetario, titanio, circonio, productos pesqueros, fosfatos, maní, turismo, etc.) de los esenciales exportados sin transformación ni mínimamente procesado. Debido a la falta de valor abierto, los ingresos por exportaciones no tienen el impacto financiero suficiente para cumplir con el servicio de la deuda y cubrir las necesidades básicas de las poblaciones;
El crecimiento no proviene de las empresas industriales, sino del sector servicios (banca, seguros, turismo, etc.), y débilmente del sector industrial y agrícola.
El crecimiento no está impulsado por el sector privado local.
Las instituciones multilaterales también coinciden en que: “El acceso a la financiación sigue siendo un importante cuello de botella que obstaculiza la transformación estructural”, lo que equivale a decir que el sector privado no está en condiciones de desempeñar su papel principal en el surgimiento económico.
Esta es una forma de reconocimiento del papel del sector privado en la transformación estructural; sin embargo, el sector privado local está financieramente reprimido por el sistema bancario, en particular por los bancos impulsados por el beneficio inmediato, que prefieren reinversiones líquidas no riesgosas, atrapados entre las normas prudenciales disuasorias del BCEAO y la lentitud en las decisiones judiciales en caso de disputas. surgir.
Esta cuestión, que atañe a la política monetaria y bancaria, también está en contradicción con la recomendación hecha al BCEAO de “perseverar en el ajuste monetario” para controlar la inflación.
El crecimiento en su forma actual es empobrecedor debido al peso del servicio de la deuda en presupuestos estrechos, con ingresos reducidos por la subvaluación de nuestra riqueza natural y mineral.
La restricción presupuestaria lleva a un equilibrio entre el pago oportuno de las cuotas de los préstamos y la necesidad de cubrir gastos sociales esenciales (educación, salud y protección de la población contra el alto costo de la vida).
Esta deuda es cada vez más criticada por ser insostenible para las economías, lo que ha llevado a los socios financieros a abogar desde hace algún tiempo por una reforma de la actual arquitectura financiera internacional.
Esta idea, apoyada por las instituciones de Bretton Woods, está cada vez más agitada, dado el desarrollo descontrolado de los mercados financieros, de los cuales los Estados se han convertido en clientes y que han desempeñado un papel en la amplificación de las crisis financieras sistémicas desde 2008.
El crecimiento lo impulsa el Estado mediante la construcción de infraestructura y no el sector privado;
El Estado se ha complacido con la postura de un Estado keynesiano que inicia grandes obras y genera crecimiento.
También la deuda se ha vuelto abismal (133% del PIB), lo que favorece a quienes están a favor de abandonar las deudas.
Hace 26 años, fue la iniciativa HIPC, un sistema global de reducción de deuda para países pobres altamente endeudados establecido por el FMI y el Banco Mundial.
Hoy podemos caracterizar la situación como “de vuelta al punto de partida”, debido a la carga intolerable del servicio de la deuda sobre los presupuestos nacionales.
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