El 1 de diciembre entró en vigor en Bélgica una nueva ley que trata sobre la explotación sexual, incluida la laboral. La aprobación de esta ley es la culminación de muchos años de defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales por parte de expertos de las asociaciones Utsopi, Violett y Espace P; La nueva ley aborda algunas de las peores formas de violencia y discriminación que enfrentan las personas que brindan servicios sexuales a cambio de dinero.
En primer lugar, la ley brinda acceso a la seguridad social a las personas que firman contratos de trabajo. Bélgica despenalizó el trabajo sexual en 2022, de acuerdo con las recomendaciones de políticas de varios órganos de las Naciones Unidas. Las investigaciones muestran consistentemente que la criminalización del trabajo sexual aumenta los riesgos de asesinato y abuso policial de las personas que ejercen el trabajo sexual, y afecta negativamente su capacidad para encontrar vivienda, aunque no tiene ningún efecto convincente en términos de eliminar la trata.
La despenalización es una solución política basada en evidencia que mitiga la incidencia de una amplia gama de abusos, pero por sí sola no garantiza el acceso de estas personas a la seguridad social, que también es un derecho humano. Una Recomendación de 2015 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó a los estados a ampliar “ seguridad social, protección de la maternidad [et] condiciones de trabajo dignas » a los trabajadores de la economía informal. La nueva ley belga autoriza a estas personas a firmar contratos de trabajo con establecimientos autorizados que, según el sistema de seguridad social vigente en Bélgica, les darán acceso a seguros de enfermedad, ayudas en caso de desempleo, permisos retribuidos, permisos parentales y jubilación. pensiones. Lamentablemente, sin embargo, la ley no extiende estos beneficios sociales a los trabajadores autónomos.
En segundo lugar, la ley establece derechos específicos para los trabajadores subcontratados e impone normas estrictas a los empleadores. Los trabajadores pueden rechazar clientes, suspender sus servicios en cualquier momento e imponer condiciones sobre cómo se realizan sus servicios. Los empleadores deben someterse a verificaciones de antecedentes y proporcionar un ambiente de trabajo limpio.
He hablado con trabajadoras sexuales y víctimas de explotación sexual (categorías de personas que se superponen pero no son sinónimas) en docenas de países. La mayoría de los casos de explotación sexual que he documentado involucran a personas que aceptaron vender servicios sexuales, pero no soportar abusos mientras trabajaban en condiciones no reguladas. Concretamente, la explotación sexual puede adoptar la forma de retención de salarios, desplazamiento forzado, castigos por respetar los descansos, condiciones insalubres y falta de control sobre el número de clientes. La legislación belga aborda estos abusos directamente, lo que refleja el hecho de que se ha consultado a las trabajadoras sexuales sobre el asunto.
Para que la ley sea plenamente efectiva, las autoridades belgas deberían garantizar que las personas que no pueden o no quieren firmar contratos de trabajo –como los indocumentados o los que trabajan en la calle– no sufran controles ni actos de acoso adicionales. por la policía. El gobierno debería centrar más atención en defender y proteger los derechos y garantías de las personas que tienen un contrato de trabajo, en lugar de penalizar o castigar a quienes no lo tienen.
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