Frente a un gobierno debilitado, los jubilados de Aveyron se están movilizando para defender su poder adquisitivo, la Seguridad Social y un sistema de jubilación unido. A pesar de la creciente precariedad, los manifestantes denuncian una orientación liberal que amenaza los logros sociales.
“¡Lo que está sucediendo en este momento no nos impedirá exigir!”, insiste Bruno Giuliani, portavoz de la CGT y representante de los jubilados. Ante un gobierno de Barnier en grandes dificultades, bajo la amenaza de mociones de censura de La France Insoumise y de la extrema derecha, los jubilados no quieren dejarse intimidar.
Este martes 3 de diciembre en Rodez, frente a la prefectura de Aveyron, un centenar de ellos se reunieron para denunciar la continua caída de su poder adquisitivo y defender la Seguridad Social, los servicios públicos y el acceso a la asistencia sanitaria. También en Millau, unas sesenta personas respondieron a la convocatoria nacional y se reunieron frente al despacho del diputado de Aveyron, Jean-François Rousset.
Aumentos insuficientes ante la inflación
En caso de caída del gobierno, las pensiones podrían aumentar un 1,4%, de acuerdo con la ley de Seguridad Social aprobada el año pasado. Sin embargo, si el gobierno sobrevive, el aumento será sólo del 0,8% en enero, seguido de un segundo aumento del 0,8% en julio. Medidas consideradas insuficientes en un contexto donde la inflación alcanzó el 2,2%. La intersindical de Aveyron (Solidarios, CGT, CFE/CGC), al igual que las 118 manifestaciones organizadas en toda Francia, hace sonar la alarma: cerca de dos millones de jubilados viven con menos de 1.000 euros al mes. “Es simplemente miseria”, denuncia Giuliani.
Más allá de las cifras, los sindicatos temen un giro hacia un modelo liberal que destruiría el pacto social y el sistema de pensiones de reparto. “La compensación del poder adquisitivo es un contrato social consagrado en la ley de Seguridad Social y el gobierno debe respetarlo”, insiste el portavoz. Según él, las grandes empresas y aseguradoras están aprovechando los 353.000 millones de euros que representan las pensiones, o el 13% del PIB, para establecer un sistema privado similar al de Estados Unidos, donde la quiebra de las pensiones ha dejado en la calle a millones de jubilados. . Los manifestantes también temen que estas amenazas socaven la confianza de las generaciones más jóvenes en este modelo de solidaridad. “Sin este sistema, no hubiéramos estado tan bien protegidos durante el Covid o ante la crisis de los fondos de cobertura”, recuerdan.
Por último, el gobierno de Barnier se enfrenta a críticas por sus concesiones a la extrema derecha, en particular la reducción de la ayuda de emergencia a los extranjeros indocumentados. Una decisión denunciada por Bruno Giuliani: “Si una parte de la población no recibe tratamiento, es toda la población la que corre el riesgo de sufrir las consecuencias de las epidemias”.
Los manifestantes también criticaron a las grandes empresas que se aprovechan del dinero público: “Michelin recibió 1,4 mil millones de euros, Carrefour 500 millones, mientras paga miles de millones a sus accionistas. ¿Resultado de esta política? ¡300.000 puestos de trabajo amenazados!”