El 21 de noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el líder de Hamás, Mohammed Deif, cuya muerte, anunció, no ha sido confirmada. La CPI tiene la intención de juzgar a estos funcionarios por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el conflicto de Gaza. Por lo tanto, como parte interesada en la CPI, Francia tendría la obligación de arrestar al líder israelí si estuviera en su territorio para entregarlo a la justicia internacional. Esto es, al menos, lo que todos entendieron, después de la orden de detención de la CPI contra Vladimir Putin, en marzo de 2023. Esto sin contar con la política y el deseo del Elíseo de participar en el alto el fuego en el Líbano. El 27 de noviembre, un comunicado de prensa del Quai d’Orsay sorprendió al mencionar “inmunidades” de las que se beneficiarían los líderes de los “Estados no partes en la CPI”. Este es el caso de Israel, pero también de Rusia. De hecho, Francia reconoce así inmunidad a Benjamín Netanyahu: si pisara Francia, no sería detenido. Los círculos pro palestinos y las organizaciones humanitarias están llorando el escándalo. Para desenredar los hilos jurídicos, Opinion entrevistó a Céline de Roany, profesora de derecho internacional público en la Universidad Griffith, en Brisbane (Australia).
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