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Editorial La Prensa de la Mancha
Publicado el
7 de noviembre de 2024 a las 8:30 a.m.
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El tribunal de Coutances examinó miércoles 6 de noviembre de 2024 las quejas de quince víctimas de dos sociedades, que estaban sujetas a liquidación judicial, cuyo único accionista era Pascal Hermann.
La empresa Tradi Bois Cotentin estaba bien establecido en el centro de Coutances. Ofrecía construcciones de madera. Entró en liquidación en marzo de 2017. En septiembre de 2016, Pascal Hermann creó otra empresa, SARL HPMC en Montmartin-sur-Mercuyo propósito era construir casas con contenedores marítimos. Sociedad que fue liquidada en abril de 2019. Por tanto, es el directivo quien está siendo procesado.
Proyectos nunca terminados
Las denuncias apuntan a los mismos comportamientos: contratos firmados que especifican el coste y el tiempo de construcción, sumas de dinero solicitadas para comprar materiales antes de que aumenten los precios, obras nunca terminadas o, en algunos casos, ni siquiera iniciadas, y ningún contacto más.
Una familia de Tourville-sur-Sienne había firmado para una construcción en contenedores que debía entregarse en un plazo de 4 meses. Habían puesto su casa en venta, tuvieron que alquilar una casa rural y luego comprar una casa móvil, porque ellos mismos lograron terminar las obras con dos años de retraso. Todos tuvieron problemas con la administración porque los permisos de construcción habían caducado.
Otra pareja que fue víctima de una casa contenedor en Couville alertó a los medios y sólo logró completar su casa gracias a la solidaridad de familiares y artesanos locales.
¿Pero a dónde se fue el dinero?
El monto de los daños sufridos por las quince víctimas asciende a 800.000 euros. Durante la investigación se incautaron 2.000 euros de las cuentas bancarias de Pascal Herman. El abogado de una víctima dijo que estaba “exasperado” por el argumento de la falta de enriquecimiento.
Eso sí, Pascal Hermann no dio muchas explicaciones, admitió haber utilizado ese dinero para financiar obras en la casa de su pareja. Firmó contratos a pesar de que el tribunal de comercio le había prohibido gestionar una empresa y no había contratado un seguro profesional que cubriera defectos. El tribunal no pudo hacerle ninguna pregunta porque no se presentó a la audiencia.
Esta ausencia es deplorada por el representante de la fiscalía, que considera que Hermann firmó contratos sabiendo que no los respetaría y que presionó a las víctimas para obtener fondos. Se requiere una pena de 3 años de prisión, incluido 1 año.
El abogado del acusado explica que su cliente sufrió revanchas populares que le obligaron a abandonar la región para instalarse en Bocas del Ródano, que no era responsable del mal trabajo de los subcontratistas, que no hablamos de los numerosos proyectos realizados sin problema y, como ya ha sido sentenciado por el juzgado de comercio, pide su libertad.
La sentencia se dictará el 4 de diciembre.
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