La coalición del Primer Ministro Dick Schoof, que asumió el poder en julio, anunció que, conforme a los deseos de su principal componente, el Partido por la Libertad (PVV, extrema derecha) de Geert Wilders, los Países Bajos desarrollarían “la política de inmigración más estricta jamás vista”. Sin embargo, la serie de disposiciones que deberían entrar en vigor antes de fin de año todavía se retrasa, enfrenta obstáculos legales o divide a los cuatro partidos en el poder.
Hasta el momento, sólo el restablecimiento de los controles “aleatorio mejorado” en las fronteras está en vigor una medida destinada a frenar la migración ilegal. Cuarenta y seis municipios y empresas han criticado estas medidas que, según ellos, tendrán poco efecto ya que será imposible controlar los aproximadamente 800 puntos de entrada al país.
Marjolein Faber, ministra de Asilo y Migraciones, cercana al líder del PVV, es blanco de otras críticas. Su partido intentó imponer la idea de una ley de emergencia necesaria, según él, para resolver una crisis de asilo que tendría una magnitud sin precedentes. En realidad, en 2023 se presentaron unas 38.000 solicitudes de asilo, o 2,1 por cada 1.000 habitantes, mientras que la media europea es de 2,3 y en Alemania de 2,5. Durante el primer semestre de 2024, el número de solicitudes cayó un 25%. “La continua afirmación de que, en comparación con todos los demás países, cada vez más refugiados llegarían a los Países Bajos es simplemente incorrecta”afirma Mark Klaassen, profesor de derecho migratorio en la Universidad de Leiden.
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